El plan fiscal que debe tener la Universidad de Puerto Rico (UPR) como parte del requerimiento de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, siglas en inglés) está en suspenso luego de que ni la institución ni la Junta de Control Fiscal (JCF) están trabajando sobre uno, confirmó Metro.
Unos 15 días después de que la UPR no presentara su plan fiscal, tras ser rechazado por la Junta de Gobierno en la víspera de la fecha final que había dado la JCF para presentarlo, el ente federal aún no ha dado instrucciones a la institución sobre el curso de acción a tomar. El director de Finanzas de la UPR, Norberto González, confirmó a Metro que la UPR aún no recibe comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal “después de haber pasado la fecha límite” para someter el plan. “Si la Junta de Gobierno de la UPR decidiera volver a reconsiderar el plan que le fue sometido o hacer algunos cambios al mismo, podría someterlo a la Junta de Supervisión Fiscal, aunque sea de manera tardía”, explicó en declaraciones escritas González, al sostener que actualmente su prioridad es aprobar su presupuesto del próximo año fiscal de $685 millones, en vez de $834 millones.
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Tan reciente como el viernes, el presidente de la Junta, José Carrión, indicó en un foro que “la Universidad de Puerto Rico es una dependencia del Estado y una instrumentalidad cubierta bajo la Ley PROMESA. Por lo tanto, tarde o temprano, tendrán que rendir un plan fiscal y ese plan fiscal trazará el futuro de la Universidad de Puerto Rico”. Detalló que evalúan la acción a tomar, específicamente si obligarán a la UPR a presentar un plan o si la JCF lo preparará.
El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR, Gilberto Domínguez, dijo a Metro la JCF no se ha comunicado con ellos.
La Junta de Control Fiscal ha dicho que el plan de la UPR deberá incluir ajustes en $450 millones al 2021, que, según expuso Carrión, no son negociables ya que tampoco negociaron con los acreedores la cifra para el pago de la deuda. El líder estudiantil reaccionó que “el Gobierno fue el que incluyó el recorte en el plan fiscal. Hasta que el gobernador no cambie de opinión, el recorte no es negociable. Si el Gobierno no hace nada, se mantendrá el recorte de $512 millones”.
A pesar de que la Junta solicitó un recorte menor, el Gobierno indicó que al 2026 será de $512 millones. Ambas cantidades tienen el repudio del estudiantado, que está en huelga desde el 5 de abril, algunos de ellos con pugnas por abrir portones, entre ellos Río Piedras, que mañana a las 2:00 p. m. tiene una vista en el Tribunal de San Juan luego de que el Apelativo ordenara abrir portones ante demanda de un grupo de alumnos.
