La contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso emitió el lunes, una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Arecibo.
Según la funcionaria, “las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y algunas transacciones de personal.
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Explicó que el Informe señala que del 2010 al 2013 el Municipio realizó cinco préstamos al Banco Gubernamental de Fomento por 14.4 millones de dólares para pagar deudas, cubrir deficiencias de efectivo y por los gastos de financiamiento. De las deudas, casi 13 millones de dólares corresponden al exalcalde y 1.4 millones de dólares al actual alcalde.
Sostuvo que, a pesar de los préstamos realizados, en abril del 2015 todavía el Municipio adeudaba 5.4 millones de dólares a varias agencias del gobierno y a entidades privadas.
“Estas situaciones afectan a las entidades a quienes se le adeuda dinero, obligan al pago de intereses y penalidades, y afectan los servicios a los arecibeños”, comentó Valdivieso en declaraciones escritas.
La auditoría refiere a la secretaria de Justicia y a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, una situación sobre el supuesto uso indebido de una licencia por enfermedad por parte de una policía municipal. Esta empleada solicitó 85 días de licencia por enfermedad y por ello se le desembolsó 5,582 dólares. Sin embargo, contrario a lo dispuesto en el Reglamento de la Policía Municipal de Arecibo, trabajaba por contrato en una oficina legal, mientras disfrutaba de una licencia por enfermedad.
Indicó que, el Informe de 14 hallazgos señala múltiples deficiencias relacionadas con la compra de equipo pesado, la adquisición de bienes sin obtener las cotizaciones requeridas y las recaudaciones. El Municipio compró cinco camiones por 141,850 dólares sin comprobantes de desembolso, y para mayo del 2015 dicha propiedad no se había registrado en el Módulo de Propiedad. Además, se adquirieron bienes y servicios por 187,018 dólares sin las cotizaciones requeridas según dispone la Ley 81-1991.
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Según la contralora, sus auditores identificaron que contrario a la Ordenanza 3 del 11 de julio de 2002, el exalcalde, siete funcionarios y 16 empleados asistieron al Desfile Puertorriqueño en New Jersey en septiembre de 2011 a un costo de 11,366 dólares.
“Esta situación redujo los recursos para prestar servicios esenciales y necesarios a los residentes”, señaló Valdivieso.
