La delegación del Partido Popular Democrático(PPD) en la Cámara de Representantes anunció hoy la presentación de una resolución concurrente para rechazar la posible eliminación del programa de salud del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, llamado Obamacare.
La Resolución Concurrente #35, según un comunicado de prensa, es para “expresar el más enérgico rechazo a la acción insensible de la Cámara de Representantes Federal” de pasar el proyecto de los republicanos y la administración de Donald Trump.
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“La eliminación del Patient Protection and Affordable Care Act, provocará una crisis en los servicios de salud en la isla. Esta acción de parte de la Cámara de Representantes federal constituye un discrimen inaceptable contra miles de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que dependen del Plan de Salud gubernamental para recibir la atención médica necesaria”, denunció elrepresentante Jesús Manuel Ortiz, autor de la medida.
“Esta decisión empeorá la ya precaria situación económica que atraviesa nuestro gobierno y lo hunde, aún más, en un precipicio fiscal. Tan insensible actuación, provocará el colapso de la salud de Puerto Rico”.
“Sin embargo, la Cámara de Representantes Federal aprobó legislación dirigida a derogar tan imprescindible estatuto. Dicha legislación, representa un cambio significativo en la política pública del gobierno federal, en la medida en que elimina o transforma los subsidios del Obamacare, elimina las multas que impuso el aludido estatuto a personas que no contraten un seguro médico y elimina el aumento de impuestos contemplado en el Obamacare a personas de mayores ingresos y a la industria sanitaria”, criticó la delegación popular.
Advirtieron, además, que la reducción de los fondos para el financiamiento del programa Mi Salud, el cual, según explicaron, cubre a casi la mitad de la población en Puerto Rico, y la implementación de un nuevo modelo de servicios médicos en un sistema de salud frágil, provocará un colapso de toda la industria.
Según Ortiz, el Obamacare significó para Puerto Rico una inyección de $6,300 millones al Plan de Salud del Gobierno, mediante el cual se mejoró el acceso de los cuidados a servicios de salud y reguló la industria de los planes médicos.
