Un grupo de organizaciones profesionales, en su mayoría compuestas de docentes universitarios de instituciones públicas y privadas de educación superior, maestros de escuelas públicas, y jubilados, se reunieron hoy en los alrededores del Capitolio para llevar a cabo una actividad titulada: “¡Callar, jamás!, Exigir nuestros derechos no es un crimen”. Mediante comunicado de prensa, se informó que como parte de la actividad “estamos llevando a cabo una demostración artística y pacífica en repudio a las acciones recientes de la actual administración que violentan el derecho a la educación pública presente y futura de miles de niños/as a través del cierre de 179 escuelas en agosto y el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico con recortes que ascienden a más de $500 millones. Denunciamos las prácticas de represión hacia organizaciones y personas que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y la criminalización de la protesta en que ha incurrido el gobierno de Puerto Rico, llevando incluso a enmendar el código penal en días recientes para así lograrlo. Declaramos que en Puerto Rico se está cometiendo un crimen gigantesco en la Legislatura, donde moran muchos de los ladrones más grandes de nuestro país”. El profesor Juan F. Correa Luna, catedrático de derecho de la Universidad Interamericana hizo un llamado al pueblo a no temer en la defensa de los derechos que “se nos quieren arrebatar, como profesores, profesoras y defensores de derechos humanos hacemos un llamado al pueblo para que se movilice y se manifieste. Nuestra denuncia ya no solo se escucha en Puerto Rico, sino a nivel internacional. No podemos permitir caer en la inmovilización que buscan las campañas de miedo del gobierno”. Por su parte, el profesor Juan Raúl Rivera Caballero, presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, expresó que “Cerrar cientos de escuelas mientras se le quitan sobre $500 millones a la Universidad de Puerto Rico para desmantelarla, es la prueba más contundente de que la Junta de Control Fiscal y el actual gobierno de Puerto Rico tienen una agenda de austeridad para pagarle a los bonistas y no pararán hasta despojar al país de su inversión social más importante, la que le asegurará poder salir de esta crisis económica: la educación de su población”. Entre las organizaciones participantes, se encuentran la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el Colectivo Somos Dign@s, EDUCAMOS, Asociación de Docentes UPR Humacao (ADUPRH), Colectivo de Docentes en Movimiento Solidario (DEMOS), Profesores Transformándonos en Solidaridad Tornada Acción (PROTESTAmos), Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la UPR, Profesores Autoconvocados en Resistencia Solidaria (PAReS), Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, entre otros.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
