El informe “Amenazas en el grifo: infracciones del sistema de agua potable de Puerto Rico” destaca que la isla es el territorio de la nación con más faltas a las regulaciones federales de la Ley de Agua Potable.
Esta publicación de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental señala que entre el 2005 y 2015 hubo casi 34,000 violaciones a los estándares permitidos por la legislación, incluyendo una falta de monitoreo de agua y de divulgación de informes.
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Entre algunos hallazgos que destaca el documento, en el 2015, más de 3.4 millones de personas recibieron servicios de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en violación a los estándares de calidad y de contaminantes permitidos para el consumo humano.
En el 2015, de 406 sistemas de distribución de agua, un total de 201 tuvo 545 faltas, que incluyen concentraciones de contaminantes. De la misma forma, la investigación sostiene que, durante el 2015, los consumidores recibieron servicios de 158 sistemas de distribución con un total de 607 infracciones a las regulaciones de plomo y cobre.
Las faltas incluyen no tratar o examinar los niveles de plomo en el agua y no reportar sobre ello a las autoridades de salud o a los consumidores.
La organización publicó que la exposición a algunos de estos contaminantes, como los orgánicos volátiles, puede causar distintos tipos de cáncer.
De inmediato, medios internacionales se hicieron eco de la información indicando que el agua que bebe a diario la población tiene coliformes, bacterias, químicos y no se adhiere a las regulaciones que establece la EPA que hacen potable el agua.
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NBC calificó esos componentes foráneos en el agua de “una mezcla tóxica”.
No obstante, el presidente ejecutivo de la AAA, Elí Díaz Atienza, expresó ayer en una comunicación escrita que el agua en Puerto Rico no representa un riesgo a la salud de los ciudadanos. De señalarse lo contrario, agregó, lo atenderá de manera “seria y responsable”.
Díaz Atienza reconoció que hay un porcentaje reducido de violaciones por niveles elevados de contaminantes en el agua. Empero, “la mayoría de las violaciones identificadas en el informe son por no monitorear a tiempo o por ineficiencias en la notificación al Monitoring Reporting”.
Agregó que “de las monitorías calendarizadas para el mencionado año, un 2.1 % se tomó fuera de la fecha establecida”.
Las razones para que no se realicen las muestras a tiempo, manifestó Díaz Atienza, son diversas y de índole operacional. Añadió que muchas de ellas están “fuera de nuestro control”. Estas pueden ser porque no haya agua, algún equipo dañado, residentes que no estén dispuestos a que se haga una muestra y edificios cerrados, entre otras.
Con la premisa del director de la AAA concordó el ingeniero Javier Torres, de la División de Agua Potable del Departamento de Salud.
“El hecho de que no tenga una constancia en papel no significa que el agua que se consume está fuera de estándar”, sostuvo.
No obstante, el experto sentenció que las recomendaciones finales que ofrece el informe son positivas. Entre estas, mejorar y actualizar los sistemas de distribución de agua, garantizar que el consumidor esté informado de su calidad e implementar un programa serio de muestreo.
Durante las pasadas semanas, señaló la AAA, Díaz Atienza sostuvo varias reuniones con funcionarios de agencias federales, como la Administración Federal de Desarrollo Rural y la EPA, para lograr acceso a nuevos fondos que permitan mejorar la infrastrusctura de la instrumentalidad.
