El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, solicitó al Departamento de Justicia, así como a la Oficina de Ética Gubernamental, el estatus de las investigaciones sobre un posible esquema de corrupción pública para hurtar materiales y el cual involucra a varios empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que laboran en el Área Técnica de Guayama.
“En abril del 2016 sometimos unos referidos a Justica y Ética Gubernamental para que estas entidades investigaran un aparente esquema de corrupción dentro de la AEE, específicamente en el Área Técnica de Guayama. Ha trascurrido más de un año y todavía no tenemos respuesta, a pesar de que ambas dependencias acogieron nuestro referido. Por eso estamos solicitándole a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al igual que la Directora de Ética, Zulma Rosario, que nos informen sobre el estado de dichas pesquisas”, comentó el representante del Partido Nuevo Progresista.
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El líder legislativo denunció hace un año que desde finales del 2015 se comenzó a desaparecer equipos y materiales de la AEE en Guayama. Según la información provista al Departamento de Justicia, todo comenzó cuando una brigada fue despachada a reparar una avería eléctrica en diciembre de 2015. El trabajo consistía en remplazar un cable con una distancia aproximada de 300 pies. Para eso, el supervisor, José T. Morales, ordenó que se despacharan 1,400 pies de alambre tipo 4/0 1.5kv. En los trabajos también se cambió un alambre neutral 4/0 por uno de 2/0, esto fue a una distancia de 400 pies. Tanto el material removido, así como el sobrante del nuevo, jamás llego de regreso al Área Técnica, por instrucciones de Morales.
De acuerdo con Aponte Hernández, ante la irregular situación, un grupo de empleados alertaron al Ingeniero Enrique Colón, el entonces Director del Área Técnica de Guayama, en varias ocasiones sobre lo que estaba pasando. Incluso, se le notificó, por escrito, de todas las alegadas acciones ilegales realizadas por el señor Morales, las cuales incluyen la desaparición de material y de herramientas y violación a procedimientos que colocaron en riesgo la seguridad de los empleados de dicha corporación. Aun así, Colón hizo de la vista larga, aparentemente en un intento de proteger a Morales.
Entre los actos de represalias contra los empleados que hicieron las denuncias se encuentran el traer personal de fuera del área para que realicen labores que le corresponde a los de esa brigada, lo que provoca el que tiene que hacer las tareas tenga que cobrar horas extras, mientras dejan sentados en sus oficinas al personal asignado. También se trasladaron personas de sus turnos y oficinas.
En una carta fechada el 4 de abril de 2016, el entonces Secretario de Justicia, Cesar Miranda, acogió la solicitud de investigación y refirió la misma a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, la cual dirige el Fiscal Alberto Valcárcel Ruiz. Lo mismo ocurrió con Ética Gubernamental.
