La jueza Geisa M. Marrero Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra siete de los once manifestantes que irrumpieron en la reunión de la Junta de Gobierno (JG) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) el pasado 27 de abril en la Oficina de Administración Central de la Institución. Verónica del Carmen Figueroa Huertas, Francisco A. Santiago Contrón, Thaliangelly Torres González, Randiel J. Negrón Torres, Gabriel Díaz Rivera, Juan Carlos Collazo Vázquez y Paola Alexa Figueroa Carrasquillo fueron acusados de violar los artículos 156 de restricción a la libertad, 179 por violar el derecho a reunión y 245 por empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. Se les impuso una fianza de $6 mil a cada uno. La vista preliminar fue pautada para el 23 de mayo. De ser encontrados culpables, se exponen a penas de entre seis meses y ocho años de cárcel. El Departamento de Justicia no encontró causa para Mikael Eded Rosa Rosa, Juan Carlos Silén Hernández, Ernesto Alejandro Beltrán Feliciano e Ileana Marie Ayala Fontánez. Además de los delitos señalados, la fiscalía originalmente propuso cargos por motín, escalamiento y daño agravado, sin embargo, no prosperaron. Yarimar Colón, fiscal del caso, dijo a la prensa que el ministerio público irá en alzada contra los cuatro estudiantes a quien no se les encontró causa. “Todo el pueblo de Puerto Rico vio los vídeos y sabe lo que pasó allí. Respetamos la desición de la jueza, pero no estamos conformes”, sentenció la abogada. Colón destacó que la prueba es “robusta” y que continuarán el proceso en los próximos días. Empero, la vista para radicar cargos, según destacaron los abogados de varios de los estudiantes, fue “inusualmente” larga. Wilma Reverón, quien es parte de la representación legal de Francisco Santiago y Mikael Rosa, comentó que en un proceso para determinar causa para arresto no es común que la fiscalía exhiba “toda” su prueba. El ministerio público presentó como testigos a Manuel Valentín Cabrera, Edgardo Pizarro Rivera, Víctor Díaz Rodríguez y Carlos Ortiz, quienes son guardias de seguridad de la UPR. También al agente Luis Muñiz, encargado de la investigación posterior a los hechos. Asimismo, fiscalía utilizó como prueba un vídeo y 7 declaraciones juradas de varios miembros de la JG del primer centro docente del país, incluyendo una de su presidenta interina, Nivia Fernández. Como parte de la defensa participaron alrededor de 20 abogados. Durante el cónclave de la JG se discutía el Plan Fiscal presentado por la presidenta interina, documento que contenía una serie de recortes presupuestarios a la UPR. Un Tribunal lleno de protestas y policías Por otra parte, en la mañana varios grupos se congregaron a las afueras del Centro Judicial de San Juan para protestar en contra de la radicación de cargos a los alumnos. Mientras tanto, Metro notó una fuerte presencia policial en los predios del Tribunal de San Juan, en el interior del edificio, en varias calles de Río Piedras y Hato Rey. Asimismo, el Helicóptero de las Fuerzas de Rápida Acción (FURA) sobrevoló el lugar por varias horas. Entre los gremios que protestaron estaban la Asociación de Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras de la UPR y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.
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