El representante Joel Franqui Atiles radicó una medida la cual establece que como parte del currículo escolar y requisito indispensable para que los jóvenes de cuarto año obtengan su diploma, estos tengan que participar, mediante horas contacto, de servicio comunitario en centros de envejecientes o égidas.
“Esta iniciativa legislativa tiene como propósito principal crear un programa que obligue a los estudiantes forjar los conceptos de responsabilidad social ofreciendo asistencia a la comunidad de personas de edad avanzada. Cada año el número de personas de edad avanzada va en aumento, por lo que en Puerto Rico ha aumentado a su vez, la demanda para los servicios a dicha población y la necesidad de edificios dedicados a viviendas independientes conocidas como “égidas” y/o centros de envejecientes. Lo cierto es que dicha población queda rezagada en un olvido social y resulta un acto de civismo fomentar que la juventud generé sensibilidad mediante un programa que los impulse a participar de actividades educativas en dichos centros”, señaló el representante por el Distrito #15, el cual comprende los municipios de Hatillo, Camuy y Quebradilla.
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La pieza legislativa enmienda el Inciso (ee), del Artículo 6.03, de la Ley 149-1999, mejor conocida como la “Ley del Departamento Educación”, a los fines adicionar un nuevo programa de servicio comunitario a nivel elemental, intermedio y secundario.
“Nosotros tenemos el deber ineludible de atemperar la legislación a la crisis económica que sufrimos. Sin embargo, existe una crisis social que se debe atender con legislación sabía, efectiva y sensible a los retos que enfrentamos como sociedad. En particular, amerita a través de las escuelas públicas establecer los mecanismos de concienciación sobre la responsabilidad social y civismo. Esta es la esencia del concepto de responsabilidad social y civismo que debe imperar en la instrucción pública a nuestros estudiantes”, añadió el también presidente de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara.
Franqui Atiles recalcó datos de la Consulta Juvenil de la Administración de Servicios de Salud Mental (ASSMCA) realizada en el año 2000 reflejan que el 56 por ciento de todos los varones en las escuelas públicas estuvieron involucrados en al menos un tipo de violencia en el año 1999, y un 30 por ciento de las niñas.
“Esta medida busca ayudar en la crisis de salud mental que existe en Puerto Rico, mientras que al mismo tiempo asiste al Estado en proveer servicios básicos, no especializados, a una población cada vez mayor. Por eso entendemos que esta pieza legislativa cumple fines loables y necesarios en el actual panorama social que vivimos”, finalizó diciendo el legislador del Partido Nuevo Progresista.
