La rectora del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen H. Rivera Vega, informó hoy a través de una comunicación dirigida a la comunidad universitaria sobre la Orden de Mandamus e Injuction Preliminar del Tribunal de Apelaciones.
¨Desde que el estudiantado anunció en Asamblea General el 21 de marzo de 2017 sus intenciones de paralizar las labores en el Recinto hemos trabajado incansablemente por atender los reclamos estudiantiles en estricta tradición universitaria, amparados en nuestro ordenamiento institucional: mediante el diálogo y la discusión razonada de los asuntos urgentes que preocupan tanto a estudiantes, como al resto de la comunidad universitaria e incluso al país… A través de este esfuerzo, al presente hemos sostenido nueve intensas sesiones por cerca de cincuenta horas en reuniones presenciales. Esta labor continúa al día de hoy, con la elaboración de acuerdos, incluyendo compromisos institucionales para unirse a los esfuerzos de auditoría de la deuda pública, entre otros¨, indicó en un parte de prensa.
PUBLICIDAD
Añadió en la comunicación que ¨las preocupaciones del estudiantado incluyen reclamos de país. La estabilidad económica de una universidad pública y accesible es fundamental para construir una sociedad justa y que valore una ética de reflexión y acción crítica. Asimismo, la población puertorriqueña en y fuera de la isla ha comprendido la urgencia de estos reclamos y confiamos en que continuará clamando enérgicamente por esta Universidad ante todos los foros pertinentes¨.
¨Al mismo tiempo, y sin negar el impacto devastador de los recortes millonarios sobre la institución, no podemos ignorar los efectos que tiene mantener al Recinto inoperante. Ello, no solamente por los riesgos que representa para la acreditación de la institución o para el acceso (en estos momentos suspendido) a ayuda económica para el estudiantado, sino también por la paralización misma de la tarea académica y administrativa vital en cualquier quehacer universitario. Como he dicho en otros foros, cuando tiene sus portones abiertos, nuestra Universidad es la institución pública deliberativa más importante que tenemos para echar adelante nuestros proyectos colectivos. La Universidad abierta es un espacio como ningún otro en nuestra sociedad, en que la búsqueda del conocimiento y la justicia se hace posible. Por ello, estoy convencida de la potencia y efectividad de los reclamos de justicia que se lanzan desde una Universidad abierta, con el apoyo vigoroso de todos sus sectores¨, lee el documento.
“Todo lo anterior, además, se da en el contexto de la reciente Orden de Mandamus e Injunction Preliminar emitida el pasado 5 de mayo por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico… En este dictamen se ordena, textualmente, al Recinto de Río Piedras y a la Universidad de Puerto Rico, a través de su Presidenta Interina y rectora interina, a no más tardar del próximo jueves, 11 de mayo de 2017, a las seis de la mañana, a proveer los cursos en el calendario académico del presente semestre universitario y restablecer el acceso al Recinto”, sostuvo.
De la misma forma, el Tribunal ordena a la Universidad, a través de todos sus oficiales, agentes y empleados a “continuar con las labores educativas del Recinto, conforme al calendario educativo vigente; permitir el libre y seguro acceso al Recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades; y, no impedir de ninguna forma lo dispuesto en [la] orden”. El dictamen judicial, por sus propios términos, es obligatoria para todos los “oficiales, agentes, sirvientes, empleados y abogados o abogadas” de la Universidad lo cual implica “a la comunidad universitaria con vínculos directos y formales con el Recinto y la Universidad, incluyendo a: sus empleados docentes y no docentes, a tiempo parcial al igual que jornada completa, contratistas, estudiantes, profesores y otros con iguales vínculos directos y formales con el Recinto y la Universidad”. Oportunamente estaremos emitiendo instrucciones al personal docente y no docente, así como al estudiantado, para cumplir con estas directrices del Tribunal¨, destacó en la misiva la rectora interina.
¨Desde esta posición hemos promovido firmemente la solución pacífica de este conflicto por vías que garanticen la apertura del Recinto con la validez moral que brinda la legitimidad del consenso, que es vital para sostener una institución universitaria. Por otro lado, en este momento, tenemos un dictamen dispuesto por el Tribunal que ordena la apertura del Recinto este jueves, 11 de mayo de 2017. Nuevamente hago un llamado al estudiantado y a todos los miembros de la comunidad universitaria, desde los espacios que ocupan y los medios que tienen (reuniones, comunicados, asamblea estudiantil, etc.), a actuar con los más preciados valores universitarios de forma consensuada y cónsona con la política institucional que rige a nuestra Universidad.¨, concluyó Rivera Vega.
