La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, defendió el viernes, la solicitud de acoger a Puerto Rico al Título 3 de la ley federal PROMESA con lo cual ella cabildeó abiertamente en contra durante la pasada campaña electoral.
“Cuando uno hace expresiones, las hace en base a una realidad del momento. Uno no hace expresiones por campañas. En aquel momento, el gobierno de Puerto Rico tenía dinero en sus fondos. El gobierno simplemente dijo que no iba a pagar. Esa es la realidad. La realidad ahora es que el gobernador de Puerto Rico, no solamente buscó someter los estados financieros, que abrió los libros y anda buscando negociar de buena fe”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.
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“El gobernador no ha hablado conmigo sobre esto. No he tenido ninguna comunicación con el gobernador, ni con ningún funcionario de gobierno sobre este asunto. Yo creo que lo que procede aquí es ver cuáles han sido esas negociaciones con bonistas, cuáles han sido los bonistas que no han querido negociar y cuáles han sido las exigencias. Qué alternativas el gobierno tiene sobre la mesa para esto. Pero no puede ser que solamente sea que le entreguemos las llaves del gobierno para el pago”, añadió.
Durante la pasada campaña política, González Colón escribió, inclusive, artículos en medios estadounidenses que decía que su educación y en su familia le habían inculcado pagar sus deudas. Esto, ante la propuesta de la administración del entonces gobernador, Alejandro García Padilla, en detener el pago a la deuda.
El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares solicitó este miércoles, la protección de Quiebra bajo el Título 3 de PROMESA de la Junta federal de Control Fiscal (JCF).
“Se estará sometiendo a Puerto Rico bajo el Título 3”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
La carta a la JCF, fue enviada en la noche del martes. El gobernador alegó que la JCF acogió su petición.
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Sobre las entidades del gobierno que serán cobijadas bajo el Título 3, el gobernador no especificó en detalle cuáles son, sin embargo, aseguró que próximamente se informará.
Cuestionado sobre si el tribunal decide no conceder el Título 3 de Quiebra, Rosselló Nevares contestó que “ahora el proceso es que esto va a ir a la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Supervisión somete y entonces entramos en Título 3”.
Rosselló Nevares sostuvo que con la petición de acceso al Título 3 de PROMESA, busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JCF el pasado 13 de marzo de 2017. Esto representa un recorte de 80 por ciento en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.
El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título 6 de la Ley PROMESA.
Los acreedores tendrán 120 días para retar el estatuto de Quiebra. No obstante, hasta 120 días después de la entrada en vigor del Título 3, es que se puede presentar un reto.
