La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, que preside el representante Félix Lasalle Toro, inició hoy audiciencias públicas en torno a una medida para regular la operación de drones en la isla.
La medida se da ante la preocupación por el creciente número de personas aficionadas al uso de aeronaves no tripuladas.
El proyecto de la Cámara 667 crearía la “Ley de protección del espacio aéreo y uso de aeronaves no tripuladas sobre instalaciones de seguridad del Estado Libre Asociado”.
Durante la discusión de la pieza legislativa, varias agencias del gobierno recomendaron que se debe regular el uso recreacional de estos aparatos, debido a que ya la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) prohíbe su manejo en las instalaciones de seguridad a nivel federal.
Lasalle Toro indicó que la Comisión considerará incorporar posibles enmiendas al proyecto para incluir varias recomendaciones presentadas por los funcionarios de agencias de seguridad del gobierno, con la intención de sacar ventaja de esta tecnología para la protección, vigilancia en instalaciones estatales y en situaciones de emergencia.
Recomendados
Katherine Angueira levanta banderas ante programas para agresores
Feid y Karol G arrasan en los Latin AMAs
Gigantes acaban con la racha de los Criollos de Caguas
“En Puerto Rico no está regulado el uso de drones más allá de las limitaciones impuestas por la FAA ni está restringida su operación en el espacio aéreo de instalaciones públicas de seguridad como las instituciones correccionales, cuarteles de policías, estaciones de bomberos, oficinas de manejo de emergencia, aeropuertos, puertos, tribunales, albergues de protección a testigos, comunidades, represas, instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, y de Acueductos”, agregó el legislador.
En tanto, Irving Otero Narváez, del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), recomendó que la medida incluya algunos espacios aéreos privados, por su importancia y relevancia para la seguridad nacional tanto de Puerto Rico como de EEUU.
Presentó como ejemplo los hospitales, refinerías o áreas de almacenamiento y distribución de combustibles, gases, pólvora y municiones, como en las armerías de la Guardia Nacional.
A su vez, Eduardo Rivera, asesor del Departamento de Justicia. recomendó que se considere emular lo que han hecho varias jurisdicciones de Estados Unidos que a nivel recreacional han establecido salvaguardas legales para el uso responsable de estos equipos.
En tanto, Estrellamar Vega Soto, asesora de la Policía de Puerto Rico, coincidió con Justica.
Incluso la funcionaria opinó que “en ausencia de una prohibición específica en la ley federal contra la ley local, la legislación estatal que complementa a la ley federal es válida, siempre y cuando que la primera no esté sustancialmente en conflicto con la segunda”.
El agente y piloto de la Policía, Manuel Manzano Yates, expresó que “es de conocimiento general que no todas las personas que compran estos equipos son responsables y que se pueden utilizar para prestar vigilancia a la misma Policía. Es reciente lo que está ocurriendo con los drones. Hemos tenido querellas de que encima de urbanizaciones se está volando este tipo de drones, pero no sabemos si lo están utilizando de forma recreacional o si es un vigía buscando qué robar en una casa, asechando a una persona. Hay gran posibilidad de que los puntos de drogas estén utilizando estos aparatos”.
Entretanto, el asesor legal de la Agencia Estatal para el Manejo Estatal de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Leonardo Muñiz Gómez, catalogó el proyecto de “adecuado y de gran importancia”, tanto para la seguridad como de apoyo para situaciones de rescate y de emergencias.
Igualmente, el abogado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ángel González Silva, coincidió con que el proyecto debería incluir algunos espacios aéreos privados.
Añadió que el fondo especial contemplado en la propuesta debería ser adscrito al recién creado Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, que agrupa a todas las agencias de seguridad de la isla y para la cual ha sido designado Héctor Pesquera como secretario.