Llueve y no escampa en Guaynabo. Luego de que la semana pasada la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, refiriera a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) a su alcalde Héctor O’Neill por un caso de hostigamiento sexual y agresión contra una exempleada, ahora la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) impuso multas de sobre $30,000 al municipio por crasa negligencia en política sobre hostigamiento sexual.
Así lo anunció hoy la Procuradora de la Mujeres, Ileana Aymat Ríos, quien destacó que luego de una investigación el municipio es merecedor de la multa máxima que se puede otorgar bajo la ley tras determinarse que existe crasa negligencia en el cumplimiento de la promoción de políticas contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo y la violencia doméstica.
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“La investigación que realizó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres encontró que existe una negligencia significativa en el Municipio de Guaynabo en lo que respecta a la promoción de la política contra el hostigamiento sexual en el lugar de empleo. Prácticamente ninguna dependencia municipal cumple con la ley en este respecto, un elemento tan básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar esta práctica”, expresó Aymat Ríos.
Los investigadores de la OPM visitaron más de una veintena de oficinas municipales, incluyendo los cuarteles de la Policía Municipal.
La Procuradora de la Mujer aseguró que durante la investigación de la agencia el acceso a la información y a las dependencias que compone el municipio, no fue coartado en su mayoría pero sí controlado por el Director de Recursos Humanos.
No obstante, aseguró que el acceso de los investigadores sí fue restringido en las áreas específicas de la Oficina del Alcalde y la Oficina de la Primera Dama.
“Por alguna razón que nunca se nos especificó, el acceso a la Oficina del Primer Ejecutivo del municipio fue denegado al igual que el acceso a la Oficina de la Primera Dama. Esto se suma a las prácticas dilatorias y deliberadas exhibidas por el encargado municipal que se supone colaborara con nuestra investigación”, indicó Aymat Ríos en comunicación escrita al tiempo que aseguró que la imposición de una multa es sólo un primer paso por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
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“Esta investigación comenzó a raíz de las denuncias públicas contra el alcalde en alegados casos de hostigamiento sexual. La multa que OPM ha determinado, aunque es la máxima, no hace justicia a la magnitud del problema que encontramos en la dependencia municipal”, dijo.
La ley sólo faculta a imposición de una multa máxima de $10,000 por violación de ley.
“En los próximos días estaremos comunicándonos con la Legislatura para que evalúen la posibilidad de enmendar esa disposición de ley con respecto a las multas, de manera prospectiva. El nivel de desapego a una política pública clara contra el hostigamiento sexual en este caso trasciende hallazgos básicos, al punto de que se ha hecho necesario ampliar la investigación. En este momento nos encontramos en una segunda fase de la investigación y ciertamente considero que no hay relación razonable entre la naturaleza de los hallazgos, el monto de la multa y los recursos destacados para realizar la pesquisa”, expresó Aymat Ríos.
La funcionaria aseguró que dada la naturaleza de la segunda investigación, se podrían estar refiriendo los hallazgos a entidades estatales y federales para posible acción.
Agradeció, además, los testimonios de lo empleados del Municipio de Guaynabo y aseguró que la dependencia no permitirá la violación a ninguna ley o reglamento.
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