La jueza María Elena Pérez Ortiz, del Tribunal Superior de Utuado, rechazó un recurso solicitado por la Universidad de Puerto Rico en Utuado contra los dirigentes del paro estudiantil del recinto de la montaña.
El recurso sometido contra Adrián Rosario Emmanuelli, Marasaye Hernández Rodríguez, Jesef Reyes Morales y otros, fue un Entredicho Provisional, Injunction Preliminar y Permanente, Interdicto Posesorio, Ley sobre Perturbación o Estorbo y Daños y Perjuicios.
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“Este Tribunal declara No Ha Lugar la solicitud de entredicho provisional”, indica la orden y citación de la jueza Pérez Ortiz.
Según la jueza, la UPR no cumplió con los requisitos necesarios para su expedición. No obstante, citó para este viernes una audiencia en el salón de sesiones del tribunal a las 9:30 de la mañana para dilucidar si procede o no la cancelación de los remedios solicitados.
La rectora de Utuado demandó a los estudiantes que le impiden abrir los portones universitarios.
Raquel Vargas Gómez aseguró en su solicitud que hubo asambleas estudiantiles en ley que determinaron dejar las puertas abiertas al estudio, pese a la obstrucción de estos estudiantes.
En la demanda se enumeró una serie der agresiones, físicas y verbales, contra la rectora, a quien le rociaron agua, y contra los estudiantes, una mayoría, que determinó continuar las clases en el recinto.
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Esto no ha sido posible, continuó, porque los demandados no le permiten ejercer el dominio legal que tienen las autoridades universitarias sobre los portones universitarios.
La rectora igualmente enumeró los daños que ha causado, causa y causará no ejercer su dominio sobre el recinto, entre ellos, a las investigaciones científicas.
También indicó que paga una nómina diaria de $60,000, que en estos momentos no es productiva debido a que el grupo minoritario ejerce el control físico del recinto.
La rectora solicitó al tribunal que obligue a los manifestantes a no impedir el libre acceso al recinto, so pena de desacato; que le ordene a los manifestantes no agredir a las autoridades universitarias ni menoscabar la integridad de la propiedad universitaria.
Mas aun, solicitó que se le ordene a los manifestantes resarcir al colegio por los daños causados por su culpa intencional y negligente, se sostiene en la demanda interpuesta hoy por la abogada Erika Morales Marengo a nombre de las autoridades universitarias.
