La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara que preside el representante Guillermo Miranda Rivera, comenzó el miércoles vistas públicas para investigar el proceso que llevó a cabo la Universidad de Puerto Rico (UPR) al momento de elegir los candidatos a beneficiarse del Programa de Becas Presidenciales en el año 2015.
El legislador catalogó la otorgación de las becas como un aparente “esquema de amiguismo” para estudiantes posgraduados y graduados. “Entiendo que si se los llevaron en buena lid, muy bien, que la disfruten, estudien y produzcan para Puerto Rico. Pero que se lo lleven por ser ‘amigos del alma’ no es justo y el pueblo tiene el derecho de saber la verdad”, subrayó en declaraciones escritas.
La vicepresidenta de la Cámara y autora de la medida, la representante Lourdes Ramos Rivera, sostuvo que ante la crisis fiscal que existe en la Isla y los reclamos de una auditoría de la deuda, la investigación “es parte de la auditoría que el pueblo está exigiendo de manera seria y respetable para detectar por qué se hicieron las cosas de la forma que se hicieron y para que ello no vuelva a ocurrir”.
La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario Vega, informó a la Comisión que durante el día de hoy, recibió una Resolución del Tribunal de Apelaciones mediante la cual se declaró No ha lugar la oposición que fue presentada por la OEG a reclamaciones en torno a la otorgación de las becas, y expresó que el caso quedó perfeccionado y sometido para adjudicación.
“Es menester puntualizar que los demás aspectos sobre el proceso llevado a cabo para la concesión de las referidas ayudas, se encuentra bajo investigación del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG. Una vez concluya la investigación, y la Oficina entienda que se ha violado alguna disposición de la Ley de Ética Gubernamental, de su Reglamento, de la órdenes o de las normas promulgadas a su amparo, si tiene suficiente evidencia testifical y documental para sostenerla, presentará una querella y llevará a cabo un procedimiento de adjudicación, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativa Uniforme”, expresó Rosario Vega.
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De otra parte, la Comisión también inició vistas públicas sobre la Resolución de la Cámara 85, del representante Miranda Rivera, para investigar la viabilidad de instalar placas solares o cualquier otro mecanismo de energía en los planteles escolares del Departamento de Educación.
“Las escuelas utilizan energía eléctrica día y noche y algunas se utilizan como centros comunales y esto lo pagamos nosotros. Se quiere investigar si es viable la instalación de placas solares o cualquier otro mecanismo de energía en los planteles escolares del Departamento de Educación con el fin de mover al sistema a la utilización de energía renovable y lograr aportar al plan de economías programado por el Gobierno de Puerto Rico. Si la escuela tiene una buena planta física y terreno para implantar sistemas de energía solar o algún otro tipo de energía, lo podemos utilizar”, indicó.
La medida recibió el respaldo del Departamento de Agricultura, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El licenciado Edison Negrón Ocasio, asesor del Departamento de Agricultura, opinó que implantar energía renovable ahorrará grandes sumas de dinero en las escuelas, como lo ha hecho en San Diego, California, mediante celdas fotovoltaicas solares en los techos, representando un ahorro de sobre $37 millones en costos de energía por los próximos 20 años.
Igualmente, la licenciada Anibelle Peterson Pequeros, asesora de la JCA, expresó que la propuesta atiende la necesidad de integrar fuentes de energía renovable, a la vez de generar ahorros a corto y largo plazo para el Gobierno. Al mismo tiempo, la licenciada Laura Díaz Solá, asesora del DRNA, recomendó que deben incluirse otras agencias con conocimiento especializado sobre las estructuras de los planteles escolares, como lo sería la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas.
La Comisión también atendió en vista pública, la Resolución de la Cámara 141, de la autoría del representante Miranda Rivera y Víctor Torres González, para inquirir sobre el congelamiento repentino y falta de funcionalidad del Sistema de Información Financiera en el Departamento de Educación (SIFDE), “Schoolwide” y TAS, según establecidos en el plan comprensivo escolar, investigar las causas y adjudicar responsabilidades.
El ayudante especial de la saecretaria de Educación, licenciado Daniel Russe Ramírez, y la Administradora del Sistema Financiero de Educación (SIFDE), Lauraine Bidot, explicaron que conforme a una investigación realizada al respecto, no hubo fallo en el sistema.
Russe Ramírez, señaló que la situación surgió debido a límites en la Banda Ancha de las agencias, no por un fallo del sistema. Aclaró que ya se comunicó con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y se corrigió.