El Departamento de Justicia arrestó a 17 manifestantes, quienes presuntamente son parte del grupo de personas que causó disturbios en varios comercios de la Milla de Oro durante las protestas sindicales y estudiantiles del 1 de mayo.
De acuerdo a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, a 3 de estos individuos se le radicaron cargos a nivel estatal y a uno a nivel federal.
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“Advertimos que esta administración garantiza los derechos de libre expresión de todos los ciudadanos, pero los que violen la ley no quedaran impunes”, dijo Vázquez Garced ayer en conferencia de prensa.
La titular de justicia informó que contra Jorge Luis Santana Valentín se encontró causa para arresto por violación a la ley de armas (utilizaba lo que llamó la secretaria un “palo”), por intimidación a los agentes del orden público y cargos por sustancias controladas.
La juez Ileana Blanco Maldonado le impuso una fianza de $10,000 que no pudo prestar y se encuentra ingresado en la cárcel de Bayamón.
Contra Valeria Herrera Huyke y Alejandro Farmer se encontró causa por el delito de motín, ley de armas (también poseían un “palo”) y sustancias controladas. Vázquez Garced afirmó que ambos causaron daños ascendentes a $70,000 en comercios ubicados en la Milla de Oro.
La juez Blanco Maldonado les impuso a los dos una fianza de $40,000 que no prestaron. Por tanto, Herrera Huyke se encuentra recluida en la cárcel de Salinas y Farmer en el complejo correccional de Bayamón.
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Vázquez destacó que “todos” los arrestados son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, pero no pudo precisar mayor información al respecto.
Asimismo, Mariana Cobían, oficial de prensa de Justicia, confirmó a Metro que la policía se encuentra tras la pista de otras 50 personas que presuntamente están implicadas en el incidente.
Los federales asumen jurisdicción
Por su parte, la fiscalía federal encontró causa para arresto por tentativa de daños a la propiedad pública contra Nina Droz Franco, quien se presume durante las manifestaciones intentó crear un incendio en las instalaciones del Banco Popular.
El caso de Droz Franco, según señaló la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, está bajo su jurisdicción porque el supuesto delito fue cometido contra un establecimiento comercial (Popular Center) que opera bajo el comercio interestatal.
Los daños a Popular Center, afirmó la funcionaria, ascienden a $400,000.
El fiscal encargado del caso, Alexander Alum, acotó que Droz-Franco fue identificada porque su vestimenta concordaba con la que usó la persona -captada en vídeo- que intentó entrar y encender el fuego en el Banco Popular.
Rodríguez añadió que tienen más evidencia en su contra, sin embargo, no puede ser revelada al momento.
La joven, que de acuerdo a las autoridades tiene 27 años, podría enfrentar una pena mínima de 5 años de cárcel y un máximo de 20, libertad supervisada de un término no mayor de tres años y una multa que no puede exceder los $250,000.
“Hay una línea fina entre la libre expresión e incitar a la violencia. Esa línea divisoria se cruzó ayer, cuando estas personas cometieron estos actos de violencia en contra de vidas y propiedades”, sentenció Rodríguez.
La magistrada federal Silvia Carreño fue quien encontró causa probable contra Droz Franco. La agencia a cargo de esta investigación es el negociado de Alcohol, Drogas y Armas de Fuego.
Cuestionan las acciones de la Policía
Miembros de la prensa cuestionaron al superintendente asociado, Henry Escalera Rivera, el proceder de la Policía durante las protestas, quienes se retiraron de la Milla de Oro cuando aún habían manifestantes en la zona. Y además, llegaron sustancialmente tarde al lugar de los hechos.
Esa determinación, dijo, “se tomó en el campo”. Así que rechazó contestar el porqué e invitó a los periodistas a cuestionar a quienes estuvo a cargo del despliegue policial ayer.
