Obispo metodista reclama al gobierno una mesa de diálogo

Propuso 12 puntos a considerarse como parte del diálogo.

Por Inter News Services

El obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, reverendo Héctor F. Ortiz, le hizo un llamado al gobierno para que “en medio de este ambiente lleno de tensión social establezca una mesa de diálogo y consenso” para intentar superar la crisis.

“No hay duda de que existe un plan fiscal que exige recortes y nuevos impuestos. Pero, este plan no está escrito en piedra. Los próximos días serán cruciales para que ese plan se traduzca en acciones que reflejen el consenso del pueblo. Los ideales de justicia y rectitud deben movernos a sentarnos en la mesa. Convocamos a las fuerzas vivas del país a sentarnos en la mesa con nuestro gobierno”, apuntó Ortiz.

Para ello, propuso 12 puntos que deben considerarse:

Establecer un mecanismo independiente y competente, no partidista, que audite la deuda.

Construir un plan estratégico que nos permita tener una economía vigorosa y en armonía con el ambiente.

Respetar las leyes que protegen el ambiente y promover el establecimiento de proyectos eco-amigables.

Fortalecer el Sistema de la Universidad de Puerto Rico y utilizarlo como punto esencial en la estrategia de desarrollo económico sustentable del país. No debe haber recortes desmedidos y desproporcionados que pongan en peligro su estabilidad. La Universidad no es negociable. Debe ser protegida y fortalecida.

Todo recorte o aumento que se proponga debe seguir el principio de la equidad. Esto nos permitirá no incrementar más la desigualdad. Debemos de recordar que Puerto Rico es el quinto país en el mundo donde más desigualdad existe, según nos indican algunos de nuestros más distinguidos economistas.

Las cooperativas, los empresarios locales y las organizaciones comunitarias deben tener la prioridad al establecerse las llamadas Alianzas Público Privadas Participativas.

Se deben examinar y reducir todas las leyes que otorgan exenciones contributivas. Actualmente, existen decretos de exenciones contributivas por más de 700 millones de dólares anuales sin comprobarse su efectividad en nuestra economía. Toda exención contributiva que no cree un número significativo de empleos, debe ser reevaluada.

Las pensiones de los empleados públicos, los agentes del orden público y los maestros, deben de ser protegidas.

Debe aprobarse una resolución legislativa, aprobada por ambas Cámaras, donde se le pida a la junta de control fiscal y al gobierno de Puerto Rico que toda negociación de la deuda que se lleve a cabo en el Tribunal Federal, proteja  a los bonistas “bonafide” de Puerto Rico a través del llamado mecanismo del “entry point” y del llamado principio de la equidad.

Actualmente, las aseguradoras de salud obtienen 200 millones de dólares en ganancias anuales por medio del Plan de Salud del gobierno. Se debe reducir significativamente esa ganancia. Para lograr eso, se debe ponderar sacar a las aseguradoras de la Reforma de Salud y optar por el concepto de pagador único.

Se debe aprobar un reglamento de parte del Departamento de Hacienda en relación al concepto “transfer pricing” que aplique a las grandes cadenas multinacionales que operan en Puerto Rico. Sugerimos que se utilice, como punto de partida, el mismo tipo de reglamento que utiliza el Internal Revenue Service (IRS).

Y, por último, que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico debe buscar la eficiencia gubernamental antes que la sola austeridad. Hay que ser eficientes, sobre todo.

Concluye el reverendo Ortiz que “esta crisis que tenemos por delante es también una  oportunidad para sentarnos alrededor de la mesa a negociar de buena fe y lograr consensos que sean justos y razonables”.

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