Foto: Dennis A. Jones/Metro PR
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) activará más de un centenar de observadores que señaló serán para vigilancia del respeto a los derechos civiles y humanos de los manifestantes en las diversas marchas a realizarse mañana en San Juan como marco preventivo y cautelar.
“Los llamados impulsivos de algunos sectores a catalogar como delincuentes a quienes convocan al pueblo al ejercicio de sus derechos ciudadanos garantizados en nuestra Constitución y la Constitución de Estados Unidos; el discurso oficial del Estado que alienta la intolerancia hacia quienes ejercen sus derechos, así como la integración en funciones de seguridad a quienes en el pasado demostraron total incapacidad para mantener un clima de respeto a los derechos civiles y constitucionales de la ciudadanía, levanta serias preocupaciones”, declaró el presidente del CAAPR, Alejandro Torres Rivera.
Ante los requerimientos de la Junta de Control Fiscal para que el gobierno reduzca su tamaño un 22 %, los gastos en salud en un 28 %, los gastos en educación superior en un 27 % y los gastos en pensiones en un 10 % para obtener economías de $4.5 billones con qué pagar a los bonistas, el Gobierno de Puerto Rico ha impulsado cambios radicales en la legislación vigente que afectan importantes renglones en la vida de la clase trabajadora.
Estas leyes incluyen la congelación hasta el año 2021 de los procesos de negociación colectiva, ya detenidos desde el año 2014; la flexibilización del empleo en el gobierno bajo la llamada Ley del Empleador Único; la reducción de derechos económicos para los trabajadores del sector privado que hasta el presente formaban parte de la legislación protectora del trabajo; la afectación de los beneficios marginales contenidos en los convenios colectivos para empleados del gobierno central y las corporaciones públicas; así como otras medidas.
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“La imposición de estas medidas draconianas ha venido acompañada además, de propuestas de enmiendas a nuestro Código Penal dirigidas a criminalizar libertades ciudadanas, particularmente en el ejercicio de los derechos de expresión, asociación y reunión”, señaló Torres Rivera.
Como parte de los esfuerzos, el Colegio también tendrá disponibles abogados y abogadas capacitadas en las áreas de mediación y negociación de conflictos, que estarán compartiendo con otros profesionales en las ramas del Trabajo Social e intervención en situaciones conflictivas, dentro del marco del ejercicio de los derechos ciudadanos del pueblo.