Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas
Foto: Esteban Morales Neris / Pulso Estudiantil
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El recién designado a secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor M. Pesquera, avisó que acabará con los actos criminales y vandálicos “de una forma u otra”, en momentos en que se han dado incidentes entre manifestantes, policías, funcionarios y políticos.
Asimismo, Pesquera delineó los próximos pasos que tendrá el DSP para comenzar a operar.
“Yo me siento orgulloso de la designación y también me siento triste porque creo que este Puerto Rico no debería estar peleando entre sí. Creo que si hay algo que se necesite arreglar hay los vehículos para hacerlo, pero no destruyendo, no atacando y no haciendo actividades criminales. Esta es nuestra isla y nosotros tenemos que velar por el bien de todos”, expresó Pesquera.
Así que por un lado me siento orgulloso por estar aquí y por el otro me siento triste por lo que estoy viendo. Esto tenemos que pararlo, de una forma u otra.
Ante esto, se le pidió que matizara sus declaraciones a lo que Pesquera respondió que “tienen que haber unas consecuencias. Me hago eco de las palabras del señor gobernador, porque está claro y todo el mundo tiene que estar claro. Si aquí hay actos delictivos que constituyen una violación de ley, la justicia va a tomar acción sobre ello”.
A lo largo de la conferencia de prensa en La Fortaleza se habló de cómo se estructuraría el DSP, y cuánto tomaría. Por tanto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares adelantó que después que Pesquera sea confirmado por el Senado habrá un periodo de unos 180 días para formar lo que sería todo el departamento y hacer las debidas transiciones con las agencias. Durante ese tiempo, también se creará una junta de directores dirigida por Pesquera y que tendrá personas del equipo de trabajo de Rosselló Nevares.
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La coronela de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, formará parte de la junta, de acuerdo con el líder del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Igualmente, el exagente del Negociado de Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) tendrá que someter un informe de los procesos llevados hasta la concretación del organismo creado por la Ley 20 del 2017.
“Esto hay que hacerlo en fases. […] En cuanto a prioridades, la primera es crear la junta y que se haga un estudio de viabilidad de cómo está cada agencia para entonces certificarle al gobernador que las agencias están listas para hacer la integración completa. En este primera fase ahí es que voy a estar”, apuntó el excoordinador de Homeland Security en la oficina de la Policía del Condado de Broward en Florida.
Rosselló Nevares argumentó que Seguridad Pública servirá de enlace y “dirección concertada” con las diferentes agencias que lo componen, a su vez que mencionó que el gobierno ahorrará al rededor de $20 millones. “Que todos estemos coordinados para poder atender los retos de seguridad pública, en general”.
Sin embargo, no ofreció detalles del contrato de Pesquera basándose en que los detalles se estaban “finiquitando” al momento de la rueda de prensa, aunque se comprometió en que sería siguiendo las directrices de la Junta de Control Fiscal (JCF) en cuando a la reducción de costos y gastos.
El DSP está compuesto por la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencias 911 y el Sistema de Investigaciones Especiales.
¿Y con la UPR?
Al ser abordado por preguntas sobre qué rol tomaría el gobierno central tras la no aprobación de la Junta de Gobierno (JG) al Plan Fiscal de $241 millones de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Rosselló Nevares explicó que el gobierno “siempre” ha estado defendiendo la universidad y respetando su autonomía.
“Esto le compete a la UPR trabajarlo. Hemos respetado la autonomía universitaria, [pero] nuestro gobierno no iba a estar interviniendo en el plan. Lo que sí iba a estar haciendo era estar colaborando con cualquier ayuda que necesitara la universidad. Hemos demostrado esa buena fe, hemos conversado con los distintos rectores para que se puedan dar los servicios y se puedan generar ingresos, hemos identificado sobre 209 millones de ingreso, hemos recibido a los estudiantes con sus reclamos y sus propuestas específica, y hemos acogido muchísimas. […] Pero es responsabilidad de la universidad”, argumentó el gobernador.
Igualmente, Rosselló Nevares dijo no haberse reunido recientemente con la presidenta interina, Nivia Fernández Hernández, y catalogó de “incidente lamentable” y “toma de rehenes” la entrada de los estudiantes al salón de reuniones donde estaba la JG discutiendo el plan fiscal.
Anteriormente, el Departamento de Justicia y la Policía informaron que investigarán el suceso y, de ser necesario, procederán a arrestar a las personas.
