La Rectora Interina del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Carmen Rivera Vega, repudió el viernes los supuestos actos de violencia ocurridos durante la noche del jueves durante la reunión de la Junta de Gobierno de la institución.
“Repudiamos lo acontecido en los predios de la Administración Central y dentro de la oficina de la Presidenta Interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, donde prevaleció la agresividad tanto verbal como física por parte de algunos miembros de nuestro estudiantado”, indicó en declaraciones escritas.
“Situaciones como estas no tienen cabida en nuestro ordenamiento institucional, ni deben volver a repetirse en ningún espacio, ni dentro ni fuera de la Universidad”, afirmó.
De paso, Rivera Vega realizó un llamado a la calma al estudiantado y aseguró que los actos de violencia no definen ni representan a los 16 mil estudiantes que componen el recinto.
“La Política Institucional Sobre la Convivencia en la Universidad de Puerto Rico no es una mera certificación en el repositorio de documentos de nuestra Universidad. Es, más bien, la normativa que rige y guía toda interacción con los diferentes componentes de la comunidad universitaria. Sobre todo, la convivencia es un estilo de vida, es una manera de ser y pensar, es una convicción de que todo conflicto puede solucionarse sin violencia, mediante diálogo y unión de voluntades. La antítesis de la convivencia es la intimidación, la coerción, el atropello y la falta de respeto a nuestros derechos básicos y fundamentales”, abundó.
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“Exhorto al Consejo General de Estudiantes, con carácter de urgencia, a que convoque una Asamblea General de Estudiantes, como se ha hecho en otros Recintos, para que discutan y evalúen minuciosamente los acontecimientos que han ocurrido durante todo el periodo huelgario y sus repercusiones”, concluyó la Rectora Interina.
Durante el día del jueves estudiantes supuestamente irrumpieron una reunión de la Junta de Gobierno donde se buscaba aprobar un plan fiscal con recorte de hasta 241 millones de dólares hasta el 2026, reclamando ser escuchados.
Se alega que los líderes estudiantiles obligaron a miembros de la junta a firmar un papel contra los recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF).