Al igual que hizo recientemente la Cámara de Representantes, el Senado de Puerto Rico aprobó hoy el proyecto que establece cambios en las multas por infracciones a la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de atender la falta de liquidez dada a la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico y así, según aseguran proteger los servicios que el Gobierno ofrece a la ciudadanía y los empleos en el sector público.
Se trata del P. de la C. 939 que forma parte de las propuestas presentadas por la Rama Ejecutiva para cumplir con los compromisos del Gobierno esbozados en el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Control Fiscal.
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En síntesis, esta medida busca allegar fondos al fisco mediante un ajuste al monto de las multas que se pagan por infracciones a la “Ley de Vehículos y Transito de Puerto Rico”, Ley Núm. 22-2000, según enmendada. El ajuste al monto de las multas protege al ciudadano cumplidor de la Ley ya que, la mayoría de estas enmiendas van dirigidas a modificar la consecuencia de la infracción a las normas de seguridad ya existentes.
Por otro lado, el proyecto cameral ajusta en un diez por ciento los cargos que se pagan por servicios relacionados con el licenciamiento de vehículos. La Ley de Vehículos y Transito ha sufrido más de 100 enmiendas desde su aprobación en el año 2000. Las mismas han tenido el fin de ajustar dicho estatuto a las cambiantes realidades sociales y tecnológicas. Sin embargo, la cantidad inmensa de enmiendas ha provocado que el estatuto tenga una redacción confusa y desorganizada, disposiciones contradictorias, lenguaje repetitivo, extensión excesiva y falta de sistematización. Ejemplo de ello es que el Artículo 23.02 de dicha Ley aun contiene lenguaje que fue invalidado por los tribunales.
Otro ejemplo de ello es que una infracción al Art. 4.02 vigente que penaliza a un conductor por no detenerse en la escena de un accidente (Hit and Run), conlleva una multa máxima de $5 mil pero al no disponerse una multa mínima, el lenguaje previo le permitía al juez imponer $1 de multa.
Igualmente la presente medida atempera las disposiciones penales de la Ley de Vehículos y Transito con las del Código Penal de Puerto Rico y otras similares, mientras se le da cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Fiscal Certificado.
También se dispone que todos los recaudos pasen al Fondo General donde puedan ser distribuidos de conformidad al Plan Fiscal Certificado y el orden de prioridades allí dispuesto. A su vez se incorpora un descuento automático de 30 porciento si las multas son pagadas en los primeros 15 días y un descuento de 15 por ciento si las mismas se pagan luego de los 15 días pero antes de cumplidos los 30 días.
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Sobre el aspecto fiscal de la medida, precisa resaltar que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) proyecta un impacto positivo al Fondo General de $56 millones para el año fiscal 2018 como resultado de los ajustes que propone la presente medida.
Mientras tanto en medio de los turnos iniciales, el portavoz de la Mayoría, senador Carmelo Ríos, le hizo un reclamo a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz para que cese y desista de incitar a la violencia y le hizo una exhortación a la primera ejecutiva municipal para que “haga el trabajo y deje de incitar a la violencia”. De paso el legislador defendió la gestión de la legislatura en medio de la aprobación del Proyecto de la Cámara 938, este indicó que se enmendará el mismo no trastocando el plan médico. Aseguró que de no aprobarse esa medida habría despidos masivos en el servicio público.
