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Irregularidades en oficina regional de Arecibo del DTOP

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016.

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La Contraloría de Puerto Rico detectó irregularidades en las operaciones de la oficina regional de Arecibo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El informe revela que cuatro de las cinco oficinas regionales que se utilizan para almacén de los equipos de mantenimiento y punto de reunión de las brigadas del DTOP estaban en mal estado.

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La auditoría dio a conocer el deterioro y abandono de las oficinas y el equipo inservible y chatarra en las oficinas de Arecibo, Ciales, Utuado y Vega Baja.

Además, en el vivero Estatal Los Caños, cuyas plantas se utilizan para los jardines en las isletas y orillas de la carretera, se observó poca actividad y el pobre cuidado a las plantas, aunque se mantienen las operaciones y los gastos de nómina.

La auditoría señala que desde e2001 no se cobra por el servicio de lancha a los no residentes del embarcadero del lago Dos Bocas de Utuado.

Por ejemplo, de enero a marzo de 2016 las dos lanchas transportaron 3,175 pasajeros, de los cuales 3,131 no eran residentes.

“El hecho de no cobrar impide obtener fondos adicionales para cubrir los gastos de transportación. Algunos gastos durante el periodo auditado fueron la compra de combustible por 38,486 y piezas de mantenimiento por 43,404 dólares. De hecho, en el 2016 se invirtieron 157,645 para la construcción del paseo lago Dos Bocas”, sostiene el documento.

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El informe evidencia deficiencias con los proyectos de construcción realizados por contratos –se pagaron 3,558 dólares por trabajos no realizados- y también en los realizados por la División de Carreteras, en los cuales se detectó que los expedientes no estaban completos o que las obras estaban deterioradas.

“Nuestros auditores identificaron además, que no se cumplió con la reglamentación relacionada para el otorgamiento de permisos para obras de construcción que afectan las carreteras, funciones conflictivas del guardalmacén y la falta de nombramiento de un subencargado de la propiedad”, señala la auditoría.

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