La organización de acción ciudadana Puerto Rico Limpio señaló hoy que la orden de cierre del vertedero de Santa Isabel carece de valor hasta que en realidad sea puesta en vigor, ya que entienden que la Agencia Estatal de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) no ha ejercido su poder y falla en ejecutar sus órdenes en casi todas las demás acciones de cierre que ha realizado durante décadas en Puerto Rico.
“Le damos la bienvenida a esta acción por escrito, pero rara vez la EPA ha hecho cumplir estas medidas en Puerto Rico. Este acuerdo no tiene valor hasta que se haga cumplir, y vamos a creer esto, cuando veamos que se haya aplicado como corresponde“, dijo Hiram Torres Montalvo, cofundador de Puerto Rico Limpio, en reacción al más reciente anuncio de la EPA sobre el acuerdo realizado con la municipalidad y el operador del vertedero de Santa Isabel.
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Señaló además que “no hay ninguna razón para creer que en el municipio de Santa Isabel se cumplirá con el cierre ordenado, ya que hay 19, de un total de 29 vertederos, que hoy operan en Puerto Rico y no cumplen con las normas de la EPA, sus órdenes, o sus decretos de consentimiento”.
“Hubo años de retraso antes de que la EPA tomara esta decisión, y solo como resultado de la reciente investigación del Congreso es que la EPA ha comenzado a tomar acciones. Lamentablemente para el pueblo de Santa Isabel, hasta que no se haga cumplir este nuevo acuerdo las violaciones a las leyes continuarán. Estamos seguros de que se seguirá permitiendo que se produzcan daños al medio ambiente, y nadie rendirá cuentas. Este es el patrón que la EPA ha seguido en Puerto Rico durante una década”, agregó.
Torres Montalvo reclamó al Congreso de Estados Unidos que investigara todos los casos de acuerdos que no han sido ejecutados, incluyendo las órdenes administrativas y decretos de consentimiento emitidos por la EPA contra los vertederos tóxicos en Puerto Rico.
Insistió en que la administración del gobernador Ricardo Rosselló, y el administrador de la EPA, Scott Pruitt, deben trabajar juntos para enmendar el daño ocasionado por las “negligencias” de las administraciones anteriores.
