En los pasados años, según organizaciones como la Asociación de Farmacias de la Comunidad, los costos de los medicamentos genéricos han aumentado de forma exorbitante. En ocasiones esta situación impide que los pacientes continúen con su tratamiento por falta de dinero.
Así que en aras de identificar la razón de la subida de precios, el proyecto del Senado 371 (882 en la Cámara de Representantes), conocida como la Ley de Transparencia en los Costos de los Medicamentos, busca que las empresas manufactureras hagan públicos los factores que influyen en determinar el costo de un fármaco genérico.
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De acuerdo con la medida, todo fármaco con un precio promedio de distribución de más de $5,000 por terapia o más de $5,000 por año, vendrá obligado a presentar un informe ante el Departamento de Salud en el que indicará, entre algunos aspectos, el precio promedio de manufactura, distribución, venta al por mayor, cualquier investigación realizada en los últimos 5 años sobre el mismo, costo de adquisición de la receta y gastos atribuidos a licencias o permisos de fabricación. También estará obligado a proveer información sobre los egresos empleados en mercadeo y cualquier otra información que el titular del Departamento de Salud le requiera.
Las manufactureras que incumplan con las disposiciones de esta Ley, reza el proyecto, serán sancionadas con multas no menores de $50,000 ni mayores de $100,000.
“Estaban por la libre [las farmacéuticas] aumentando los precios de los medicamentos genéricos. Lo que queremos es que ellos nos den el listado de medicamentos con los precios, porque aquí nadie sabe cómo se aumenta el costo de un fármaco de la noche a la mañana”, comentó el senador Ángel “Chayanne” Martínez a Metro, quien además es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
Enfocarse en los medicamentos genéricos, según Martínez, responde a que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tiene una mayor injerencia en la regulación de fármacos originales, pero no así en los que se enfoca el proyecto de ley propuesto.
Por otra parte, la senadora Rossana López León manifestó que la medida en su núcleo es positiva, porque requerir mayor transparencia a las farmacéuticas es un imperativo para proteger la salud de los pacientes. No obstante, contrario a lo que comentó Martínez, según la senadora DACO ya tiene la capacidad de peticionar dichos datos, e incluso existe un reglamento al respecto.
“El proyecto en nada va a disminuir el costo de los medicamentos. La medida lo que pretende, que no está mal, es obtener más información del costo. Pero la pregunta es: ¿para hacer qué?”, explicó López León.
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De hecho, la propuesta de ley no indica qué se hará con la información requerida a las farmacéuticas. El senador Martínez tampoco pudo precisar si el gobierno buscará regular los costos de los medicamentos partiendo de los datos provistos por los manufactureros.
Por su parte, la licenciada Marylis Gavillán, directora de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, se mostró preocupada porque de aprobarse el proyecto “puede haber una escases de medicamentos en la isla”.
“La medida tiene una intensión loable, sin embargo, Puerto Rico solo representa 1% del mercado de las manufactureras. Así que, si estas deciden retirar sus productos del país porque no desean revelar información privada, puede traer una disminución de medicamentos. Además, si la demanda es alta y hay poca oferta subirán los precios”, destacó la farmacéutica.
Para Gavillán y López León lo que podría disminuir el costo de los medicamentos son los Pharmacy Benefits Managers (PBMs), empresas intermediarias entre las droguerías y seguros de salud.
“Los PBMs son los que le pagan a las farmacéuticas por el medicamento, esa responsabilidad se las otorga las aseguradoras y son el único eslabón de la cadena de distribución que no está regulado”, sentenció Gavillán.
Próximamente la Asamblea Legislativa estará considerando el proyecto del Senado 218, de la autoría del senador José Luis Dalmau, que precisamente busca regular los PBMs.