La Asociación de Claustrales Jubilados (ACJ) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez propuso hoy miércoles una serie de cargos y cuotas en busca de palear los recortes propuestos a la institución.
“Entendemos que la crisis fiscal requiere sacrificios por parte de todos, pero el tamaño desmedido de esta reducción no está justificado dada la importancia que reviste la universidad para Puerto Rico”, estableció la entidad en declaraciones escritas.
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Añadieron que “es imposible que ésta pueda ofrecer los servicios que ofrece hoy si recibe $450M menos de parte del gobierno central. Más aún, dicho recorte no guarda proporción con las reducciones propuestas para el gobierno central”.
El grupo enumeró una serie de posibles medidas para que sean consideradas por las autoridades universitarias.
Algunas de éstas son alternativas relacionadas con una misma situación. “De ninguna manera la totalidad de éstas y otras que se han sugerido llegarían a $450M”.
- Analizar con prioridad el impacto educacional y financiero que las bajas parciales representan para la Universidad de Puerto Rico.
- Establecer un cargo adicional a la matrícula del estudiante que toma un curso por tercera vez cuando no medie evidencia médica que justifique las bajas anteriores. El cargo debe ser igual al costo real para la institución.
- Establecer una cuota al proceso de bajas parciales no justificadas por evidencia médica.
- Revisar la política institucional de la otorgación de exención de matrícula. Reducir el número de categorías (actualmente son quince) en las que se otorga.
- Limitar la exención de matrícula concedida para que sea cincuenta por ciento (50%) del costo de los créditos matriculados.
- Establecer una cuota de transportación en aquellos recintos, como el RUM, en los que se provee un servicio de transportación interna para estudiantes y empleados. Todo estudiante y los empleados usuarios necesitarían pagar la cuota para utilizar el servicio.
- Revisar la práctica de costear el pago de estudios al personal no docente. Esta práctica no compara con los requisitos establecidos en el reglamento para el pago de estudios del personal docente.
- Llevar a cabo en cada uno de los recintos de forma consistente y con carácter de urgencia un proceso de evaluación de aquellos programas académicos que no estén cumpliendo con las condiciones descritas en la Certificación 123 (2005-2006) de la Junta de Síndicos. Declarar en moratoria aquellos que tienen las situaciones más apremiantes.
- Evaluar todos los programas académicos repetitivos entre recintos y considerar la consolidación de los mismos y en caso de ser necesario, la consolidación de recintos.