Un grupo multisectorial compuesto por estudiantes, empleados y profesores de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, enviaron hoy una carta al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en la que presentaron alternativas de acción ante la situación de la Universidad, en lugar de recortes presupuestarios que podrían ascender a $512 millones.
“Estas propuestas de recortes han variado significativamente sin que haya mediado un análisis sosegado y responsable sobre las implicaciones específicas para el futuro de la UPR y, por añadidura, para el beneficio social y económico que ésta provee al País. Como consecuencia, los estudiantes han asumido la responsabilidad de reclamar espacios de lucha y transformación, usando el mecanismo de huelga en la mayoría de los recintos de la UPR”, apunta el grupo en la carta.
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En la comunicación escrita, el grupo solicitó al gobernador o su representante ante la Junta de Control Fiscal, Elías Sánchez, que se reúna “urgentemente” con los estudiantes en huelga del Sistema UPR para discutir posibles alternativas a la crisis que atraviesa la Universidad.
“No nos parece responsable que, amparado en la autonomía universitaria, usted dirija nuestros reclamos a la administración actual de la UPR, ante el hecho de que todos los sectores de nuestra universidad le han retirado la confianza a la actual Presidenta Interina y le han solicitado su renuncia inmediata”, puntualiza el grupo.
“Confiamos en que usted asuma responsabilidad para lograr una solución compartida a la crisis actual en la UPR, y que acepte reunirse con el cuerpo negociador escogido por los estudiantes”, añaden.
El grupo adelantó en la carta algunas de las propuestas en términos generales que solicitaron discutir con el gobernador:
- Actualmente, el gobierno tiene una deuda con la UPR de aproximadamente $300 millones por servicios prestados hasta mayo 2016. Esto se suma a los más de $1,600 millones que la UPR debió cobrar por servicios entre el 2004 y el 2015, y que ya se han tirado a pérdida por falta de pago. Estos servicios son del mismo tipo de los que usted ha indicado que ha reservado prospectivamente para que la UPR aumente sus ingresos propios (siempre que sean pagados como corresponde). Aunque en justicia y en derecho el gobierno tendría que liquidar su deuda con la UPR antes de imponerle recortes adicionales, estamos dispuestos a condonar la totalidad de esa deuda. A cambio, reclamamos que el gobierno desista de recortarle al presupuesto de la UPR los millones ordenados por la JCF.
- No obstante, ante la apremiante situación actual de falta de efectivo en el gobierno, proponemos reducir la aportación del Fondo General a la UPR por $50 millones, solamente para el año fiscal 2017-18, con la garantía de que la administración universitaria reducirá esa misma cantidad exclusivamente en partidas presupuestarias de gerencia y administración (esto incluye reducción de puestos de confianza, contratos y otros gastos relacionados a burocracia administrativa).
- Proponemos también que se cree por ley una Comisión Independiente de Reforma Universitaria, separada de la rama legislativa, y con participación directa de todos los sectores de la UPR y la sociedad civil. Garantizando procedimientos con amplia participación democrática, esta Comisión producirá un proyecto de reforma integral para la UPR, que fortalezca sus aportaciones sociales y económicas al País. El resultado de este esfuerzo deberá estar listo para ser considerado y aprobado en la Legislatura en el 2018. Los postulados de la nueva reforma universitaria se utilizarán para tomar decisiones sobre la inversión de dinero que aportará el gobierno a la UPR a partir del 2019. Es nuestra costumbre, y así es requerido por nuestras agencias acreditadoras, que la planificación fiscal se alinea con los planes de desarrollo académico, y no al revés “recortando para luego planificar”.
