Múltiples líderes sindicales hicieron un llamamiento a los trabajadores públicos del país a ir hoy lunes al Capitolio para pedir a sus legisladores que no aprueben el Proyecto de la Cámara 938.
Andrés Lloret Gutiérrez, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), explicó a Metro que buscan evitar la aprobación de la medida que se verá hoy en la sesión de la Cámara de Representantes.
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“Convocamos a un intento de cabildeo y de llegar al capitolio para requerir a los legisladores que evalúen cuidadosamente los resultados que tendrá este proyecto de ley”, expuso Lloret.
El líder sindical opinó que la medida “tiene como objetivo empobrecer a todos los empleados del sector público tanto de corporaciones como del Gobierno tradicional cuando le arrebatan una serie de derechos que ellos han ido adquiriendo desde hace muchos años. Derechos que establecen un nivel adecuado de vida, no la posibilidad de enriquecerse, sino de vivir con dignidad”.
La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la Unión General de Trabajadores (UGT), la Federación Central de Trabajadores (FCT), Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), la Unión Internacional de Empleados Profesionales de Oficina (Opeiu) y sus afiliadas también participan en la protesta.
Más líderes se expresan contra la medida
Otros presidentes de sindicatos, como el de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), José Rodríguez Báez, se mostraron en contra de la medida. Este señaló que “en una vista relámpago el jueves pasado se dijo que el supuesto ahorro de las medidas que propone el Proyecto 938 es de escasamente $134 millones anuales. Pero nadie pudo presentar la cifra de cuánto será la reducción del recaudo por parte de Hacienda debido a la grave contracción económica que sufrirá el país, los sistemas de retiro, el comercio, el turismo, las aseguradoras y todos los sectores”.
Finalmente, el presidente de la Opeiu, Iram Ramírez, indicó que “este gobierno no acaba de entender que las medidas de austeridad que promulga este proyecto, los recortes de beneficios han fracasado en otros países, como en España, Grecia, Argentina, Irlanda y Portugal. Ahora pretendemos imponerlas aquí como si la evidencia de ese fracaso no importara o simplemente se pudiera hacer invisible de un plumazo. Nuevamente cometemos el error de mirar hacia dentro e ignorar la experiencia internacional”.
