El Departamento del Trabajo y la Procuradora de las Mujeres anunciaron que trabajan en la elaboración de un acuerdo colaborativo en cumplimiento con la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, para establecer el proceso mediante el cual serán atendidas las querellas sobre discrimen salarial.
En una comunicación escrita, las agencias gubernamentales expusieron que también realizarán un estudio sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. La mencionada ley establece que tanto el Secretario del Trabajo como la Procuradora de la Mujeres deben velar por su cumplimiento, además de orientar y promover su alcance.
Conocida también como Ley de Igual Paga por Igual Trabajo, faculta al Secretario a recibir querellas de personas que aleguen violaciones a la misma. La Procuradora de las Mujeres, en tanto, deberá referir al Secretario todas las querellas que reciba en su oficina.
“El Departamento del Trabajo ya ha comenzado el proceso administrativo para cumplir con la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico. La política pública de erradicar el discrimen salarial, tanto en el sector público como en el privado, por razón de sexo, es clara y enérgica y estaremos velando por ella”, expresó el Secretario del Trabajo, Carlos Saavedra.
Una vez el Departamento del Trabajo culmine su investigación y concluya con la adjudicación del caso, se informará a la Procuradora de las Mujeres para que tome acciones adicionales, incluyendo la imposición de multas contra el querellado.
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“La Ley de Igualdad Salarial es una de gran avance y que recibimos con gran responsabilidad en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Resulta inconcebible que en pleno siglo 21 exista o se promueva la inequidad contra la mujer en el ámbito laboral”, expresó la Procuradora, Ileana Aymat Ríos.
Todo empleado que sea discriminado salarialmente por razón de sexo tendrá derecho a cobrar mediante acción civil la cantidad dejada de percibir.
De igual modo, se firmará un acuerdo colaborativo para realizar un estudio estadístico sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, con el propósito de que los resultados sean utilizados como punto de partida para medir, subsiguientemente, el cumplimiento de la ley por parte de los patronos.