Consideran "hipocresía política" oposición cameral del PPD a JCF

Denunciaron, además, que los populares querían la ley federal

Por Inter News Services

La representante Maricarmen Más Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), catalogó hoy de “hipocresía política” la oposición de los legisladores Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Ramón Luis Cruz Burgos, del Partido Popular Democrático (PPD), a la ley Promesa, que maniata el funcionamiento del gobierno puertorriqueño mediante una Junta de Control Fiscal (JCF).

“Estos dos legisladores del PPD ahora vienen a criticar a Promesa y la Junta de Control Fiscal, cuando fueron parte del coro de voces a favor de la implantación de esta junta en Puerto Rico”, expresó Más Rodríguez.

La representante del Distrito 19, el cual comprende los pueblos de Mayagüez y San Germán, estableció que “es increíble la memoria tan corta tienen ambos funcionarios, (pues) menos de un año atrás estaban a favor de Promesa, mientras hoy dicen que está trayendo inestabilidad política; es increíble la falta de consistencia con que opera esa delegación”.

Hernández Montantes y Cruz Burgos anunciaron este sábado la presentación de una Resolución Concurrente en la Cámara para denunciar que Promesa ha violentado las disposiciones establecidas en la Ley 600, que creó el Estado Libre Asociado (ELA).

La medida también busca que el gobierno federal se exprese sobre las opciones aceptables para descolonizar a Puerto Rico.

La representante del PNP recordó a sus homólogos del PPD que el gobierno estadounidense ya ha dicho que la anexión y la independencia son las únicas opciones reales para solucionar el problema centenario del estatus político de la Isla.

Hernández Montañez y Cruz Burgos presentaron ayer la Resolución Concurrente #32 para denunciar ante el Congreso de los Estados Unidos la “violación de los derechos democráticos del pueblo puertorriqueño tras la implementación de la Ley PROMESA”.

Mediante esta resolución, denunciaron la “clara violación que PROMESA ha hecho a las disposiciones de la Ley 600 y de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Asimismo, emplazaron al Congreso a expresarse “sobre las alternativas que está dispuesto a considerar para atender la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos”.

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