La exgobernadora Sila María Calderón Serra se expresó hoy viernes a favor de crear el Fondo de Inversión para el Empresarismo Comunitario y Cooperativo que busca actuar como vehículo de inversión y desarrollo de empresas comunitarias y cooperativas en colaboración con el gobierno. Sin embargo, para robustecer la propuesta ley sugirió, entre otras cosas, que se incluyan a las organizaciones bona fide y sin fines de lucro como beneficiarias, se establezcan métricas estrictas de cumplimiento y se hagan visitas sorpresas al campo.
“Propongo que el Fondo de Inversión para el Empresarismo Comunitario se extienda a aquellas organizaciones legítimas sin fines de lucro que, aunque no son de base comunitaria, trabajan fuertemente para lograr el desarrollo económico y crear empleos precisamente en las comunidades menos afortunadas del País. Las organizaciones sin fines de lucro, como lo son tanto mi Fundación, como su brazo operacional, el Centro para Puerto Rico, tienen en la actualidad una necesidad inmensa de recursos económicos para poder continuar llevando a cabo su obra”, destacó Calderón Serra quien labora para la entidad ad honorem pero ha tenido que disminuir la jornada laboral de los empleados a cuatro días semanales para reducir los gastos de operación y eliminar varios de los programas que ofrecían a la población.
“Desde mi administración (2001-2004) no ha habido ninguna otra hasta esta que se haya ocupado de este sector. Por lo menos se legisló. ¿Cómo va a ser en la práctica? No sabemos todavía pero sí puedo decir aquí que las administraciones de gobierno que siguieron la mía realmente no le dieron la importancia a las comunidades especiales”, dijo la exgobernadora luego de que el senador Romero Lugo le informara que las protecciones establecidas en la Ley de Comunidades Especiales permanecen y fueron mejoradas bajo la reciente Ley que crea la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC). De paso, Romero Lugo se ofreció como intermediario para que Calderón Serra y el director ejecutivo de ODSEC se puedan reunir.
Las expresiones de la presidenta del Centro para Puerto Rico se produjeron en vista pública sobre el Proyecto del Senado 381 de la autoría de los senadores José Vargas Vidot y Zoé Laboy Alvarado que propone dicho Fondo y cual según lo propuesto se nutriría principalmente del 11 porciento del reembolso del arbitrio federal del ron de Puerto Rico. Sobre este último aspecto, Calderón Serra se expresó en desacuerdo porque “el sector privado, no el gobierno debe ser el motor de la economía y todas estas medidas fiscales no van a lograr nada si no hay desarrollo económico”.
Esta enmienda fue recibida con beneplácito por Laboy Alvarado quien se comprometió a identificar otras fuentes de recaudo para lo propuesto en el Proyecto. Por su parte, el senador Romero Lugo comentó que “no podemos continuar con la práctica, aunque sea con una aspiración loable, de desvestir un santo para vestir otro”. Ante esto, el senador Vargas Vidot ripostó que el impuesto del ron está en efecto desde el 1917 “y estaba consignado desde el mismo momento que se creó para fortalecer el servicio social e infraestructura. Tiene nombre y apellido desde que se concibió”.
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Mientras, el senador Eduardo Bhatia Gautier expresó que ese dinero está comprometido por los próximos 40 años a la vez que reiteró su preocupación sobre la cantidad de entidades que “viven por vivir…pero el trabajo que hacen es cuestionable” y sobre cómo se puede lograr que una organización esté comprometida “legitimamente”con la comunidad y no su por su afiliación política.
Según la Exposición de Motivos de la medida, citando reportajes económicos, $555 millones del total de $1,151 millones devueltos en los últimos seis años fiscales, fueron transferidos a compañías distribuidoras de ron. Datos de la Compañía para el Desarrollo Industrial de Puerto Rico indican que durante el 2016 la destilería Bacardí recibió $127.5 millones, Club Caribe recibió $2.5 millones y Serrallés $57.3 millones.
Otra organización que también favoreció la pieza legislativa fue el Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio (P.E.C.E.S.). El vicepresidente asociado, Pedro Morales Oquendo, opinó que con la aprobación del Proyecto del Senado 381 se “hará historia en Puerto Rico”al propulsar el empresarismo comunitario porque “hemos estado sumergidos bajo un sistema capitalista que no nos ha permitido el desarrollo pleno de nuestro País”.
Por su parte, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero Rosado, declaró en una ponencia escrita que la pieza legislativa no representa un impacto gerencial “significativo” y es cónsona con la política pública sobre el desarrollo de empresas comunitarias. No obstante, indicó que desde la perspectiva fiscal “encontramos que tiene un impacto presupuestario” que incide directamente sobre el Tesoro Federal por lo que recomendó que el Proyecto sea evaluado conforme a las disposiciones de control y reestructuración fiscal y el Plan Fiscal certificado.