El Senado aprobó una medida que pide al Contralor General federal que cumpla con las disposiciones contenida en la Ley Promesa y así someter al Congreso Federal un informe de auditoría de la deuda pública del territorio de Puerto Rico.
Ante esto el vicepresidente del Senado y autor de la medida Larry Seilhamer enfatizó que esta es la razón por la que “no hay necesidad de usar fondos públicos cuando hay un mandato para que el Contralor Federal lo haga,” en obvia referencia a la eliminación de la Comisión de auditoría de la deuda.
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La medida tuvo 15 votos a favor que incluía, entre estos, el senador del Partido Popular Democrático, José Nadal Power.
“De esta forma, se consigue una evaluación independiente y transparente de rendición de cuentas sin que pueda ser objeto de ataques colaterales y que pueda ser efectivamente utilizada por la Junta de Control Fiscal en la encomienda que le corresponde tras la aprobación de PROMESA,” reza la Exposición de Motivos de la medida.
La Resolución Concurrente del Senado 17, también estipula que la misma se enviará en inglés al Presidente de los Estados Unidos, al Congreso, la Comisionada Residente y a los medios de comunicación.
Asimismo, el Senado dio a las Oficinas Municipales la facultad de otorgar permisos para que un negocio opere por una vigencia de 6 meses con la aprobación del Proyecto del Senado 244, de la autoría de Carmelo Ríos Santiago.
“Esta Certificación Provisional no se expedirá a negocios que se dediquen a la venta de alimentos procesados o cocidos para consumo como restaurantes, laboratorios clínicos u oficinas médicas donde se practiquen procedimientos invasivos ni a funerarias,” reza el decrétase de la medida.
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Ríos expresó que la misma “es una Ley especial y no choca uno con lo otro,” sobre la aprobada Ley de Permisos.
La pieza legislativa enmienda la Ley de Municipios Autónomos con el propósito de conferir a las Oficinas Municipales la facultad de otorgar permisos de uso provisionales a las solicitudes que solamente les falte el certificado del Departamento de Salud Estatal para completar su trámite, dentro de un término de 30 días de haberse solicitado, el expediente básico ha sido cumplimentado.
Otra medida que contó con el aval del Alto Cuerpo fue el Proyecto de la Cámara 27, esta regulará la participación de las entidades gubernamentales y sus subsidiarias en el mercado de ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones en el Gobierno. De esta forma, la ley prohibiría que las agencias, departamentos, corporaciones públicas y municipios provean servicios de telecomunicación a clientes al detal en Puerto Rico.
La medida que ahora pasará a manos del Gobernador para su firma, crea la Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico; y enmienda la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 a fin de; y para otros fines.
De otro lado, Larry Seilhamer recordó a los miembros del Alto Cuerpo que el último día para la radicación de medidas de esta primera Sesión Ordinaria de esta Asamblea Legislativa será el 8 de mayo de 2017.
