Tal como ocurrió en el 2010 mientras el senador Thomas Rivera Schatz presidía el Senado de Puerto Rico, ayer las puertas del Capitolio volvieron a cerrarse para impedir el paso de ciudadanos que intentaban formar parte del cabildeo que tuvo lugar al interior del edificio público para derogar el artículo 2 de la Ley 97-2015, que establecía la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.
El artículo finalmente fue derogado, a puertas cerradas, de nuevo bajo la presidencia de Rivera Schatz en el Senado y ahora con Johnny Méndez a la cabeza de la Cámara.
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Con un doble perímetro de seguridad, agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas, conocida como la Fuerza de Choque, frenaron el paso de manifestantes hacia las escalinatas del lado norte del Capitolio.
Unos 28 miembros del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda también vieron detenido su paso, en un segundo perímetro de seguridad frente a las puertas de entrada de la Casa de las Leyes. Un agente de la Policía confirmó a Metro que existía una orden de restricción de entrada al Capitolio.
El perímetro no pareció ser lo suficientemente eficaz para los agentes, que lanzaron gas pimienta hacia los manifestantes y provocaron enfrentamientos, que, según la Policí,a dejó heridos a 21 agentes y a un fotoperiodista.
El monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, tuvo que llegar hasta el lugar y ante la insistencia de los medios expresó que “hablamos con los comandantes, hablamos con las personas que están encargadas”.
Además, observadores de Amnistía Internacional Puerto Rico estuvieron frente al Capitolio y repudiaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías, al tiempo que afirmaron que las personas que se encontraban en las escalinatas del Capitolio “tienen el derecho a manifestarse”.
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Ante los hechos, el presidente de la Comisión para la Auditoría del Crédito Público, Roberto Pagán Rodríguez, radicó una demanda contra los líderes de Senado y Cámara por presuntamente impedir la entrada al Capitolio.
El recurso legal fue acogido ayer mismo por la jueza superior Lauracelis Roques Arroyo, quien concedió el entredicho provisional solicitado por Pagán Rodríguez y dio paso a la demanda contra los presidentes legislativos.
“Nuestra Constitución consagra el acceso público a las sesiones legislativas. Nuestra carta magna no podría ser más clara: ‘las sesiones de las Cámaras serán públicas’”, lee parte de la orden de la jueza.
Al conceder el entredicho provisional, la jueza ordenó a los demandados a abstenerse de prohibir la entrada de Pagán al Capitolio y destacó que no cumplir la orden es incurrir en desacato.
