El Senado aprobó ayer lunes una iniciativa del presidente de dicho cuerpo, Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez la cual busca allegar nuevos recursos a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El Proyecto del Senado 428, el cual derogó el Artículo 2 de la Ley 97-2015 que estableció la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público y transfiere el remanente de los fondos asignados para la operación administrativa de dicho organismo, al Fondo General de la UPR de manera inmediata.
“Hoy (ayer, lunes) estamos anunciando que el Senado se presta a aprobar esta tarde una medida que inyecta fondos a la Universidad de Puerto Rico en un momento de gran incertidumbre fiscal. Esta iniciativa busca, entre otras cosas, proveer un marco real y viable para que cualquier auditoria de la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico se realice bajo el amparo de Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por siglas en inglés)”, señaló el líder cameral mediante declaraciones escritas.
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Rivera Schatz indicó que “con esta medida legislativa buscamos brindar un alivio a la difícil situación que enfrenta la Universidad de Puerto Rico. Definitivamente ante esta realidad fiscal que enfrentamos tenemos que establecer prioridades y, para nosotros lo es la educación de nuestros jóvenes en lugar de una Comisión redundante que constituiría un gasto público adicional e innecesario. Es por ello que, reiteramos, que al aprobarse la Ley PROMESA, las funciones de la Comisión reflejan una dualidad de funciones y uso de fondos públicos. El foro con jurisdicción para pasar juicio sobre la constitucionalidad de cualquier asunto, incluyendo la deuda pública, son los tribunales estatales y federales”.
“Nuestro objetivo es garantizar, de alguna manera, que nuestros estudiantes puedan continuar recibiendo los servicios educativos que ofrece la UPR. En el Senado siempre hemos estado en la mejor disposición de colaborar con los profesores y los estudiantes en esa dirección”, reiteró el líder senatorial.
Méndez Núñez añadió que “la Junta de Supervisión Fiscal posee la autoridad y entera discreción de requerir tanto del Gobernador de Puerto Rico, así como de todas las instrumentalidades del territorio, la información que estime necesaria relativa al presupuesto, incluyendo la deuda publica emitida. Entendemos que, en los propios principios, facultades y deberes amplios delegados a la Junta por PROMESA, en lo tocante a recabar la información, informes y auditorías de parte de todas las entidades gubernamentales, sería redundante y un gasto público adicional excesivo, ya que existen otros medios para obtener la información que éstos acoplan en sus informes. Esos dineros serian mejor utilizados en áreas que nuestro pueblo tiene mayor necesidad, como es el caso de la Universidad”.