La portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda de Puerto Rico, licenciada Eva Prados, repudió el martes, que se le impida el acceso a la ciudadanía a la Casa de las Leyes en momentos en que se discute en la Cámara el proyecto aprobado en el Senado que busca eliminar la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
“Nos han informado que no nos van a dejar entrar a hablar con nuestros representantes, una violación crasa a nuestros derechos civiles y constitucionales de hablar con estas figuras que se supone son los representantes del pueblo y ahora mismo nos están negando hablar con ellos”, dijo Prados a preguntas de la prensa.
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“Nosotros confiamos en que el presidente de la Cámara, (Carlos “Johnny” Méndez) sea una persona prudente y razonable, nos permita el acceso para hablar con nuestros representantes”, añadió.
Sobre el incidente donde se destruyó una puerta en El Capitolio, Prados, al ser abordada sobre el asunto, dejó en manos de los presidentes legislativos el que esa situación no vuelva a ocurrir.
“No podemos asegurar que puedan ocurrir momentos de incidentes porque está siendo provocada por parte de la misma Cámara al negarle acceso al público donde la ciudadanía debería tener las puertas abiertas para hablar con sus representantes”, abundó.
Con el arresto de un supuesto estudiante de la Universidad de Puerto Rico, el Senado aprobó anoche a viva voz derogar la Comisión de Auditoría de la Deuda y que el remanente de los fondos de dicha Comisión, sean destinados a la UPR.
De acuerdo a informes de prensa, la persona arrestada fue identificada como Francisco Santiago. Como argumento para impedir la entrada de los estudiantes, se alegó que después de la cinco de la tarde no se permite entrada del público a El Capitolio. El estudiante fue puesto en libertad luego de que se determinara no causa para arresto por el incidente.
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El Proyecto del Senado 428, menciona que el objetivo primordial de la Comisión de Auditoría de la Deuda se atiende en la Ley que creó el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA). Dicha ley federal en la sección 411 dispone que, a más tardar un año a partir de la aprobación de dicha legislación, el Contralor General de Estados Unidos someterá al Congreso un informe sobre la deuda pública de cada territorio.
“A tenor con esta nueva realidad jurídica, entendemos que la función de la Comisión sería redundante, y constituiría un gasto público adicional e innecesario. Máxime, cuando en la Sección 3 de la aludida Ley 97, supra, claramente se establece la disolución de la Comisión, una vez ésta hubiere cumplido con el encargo realizado en la legislación… Es por ello que, reiteramos, que al aprobarse la Ley PROMESA, las funciones de la Comisión reflejan una dualidad de funciones y uso de fondos públicos. Es preciso destacar que el foro con jurisdicción para pasar juicio sobre la constitucionalidad de cualquier asunto, incluyendo la deuda pública, son los tribunales estatales y federales”, reza la Exposición de Motivos de la pieza legislativa.
