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Desbalanceado apoyo al plebiscito

Solo el Partido Nuevo Progresista y la administración del gobernador Ricardo Rosselló han reiterado su apoyo a la celebración de la consulta de estatus, luego de la carta de invalidación de Justicia federal y las enmiendas propuestas.

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Al momento las enmiendas propuestas ayer por el gobernador Ricardo Rosselló a la Ley 7 de 2017, que viabiliza el plebiscito del 11 de junio, solo parecen contar con el aval de su propia administración.

Ayer los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encabezado por su presidente Rubén Berríos Martínez, anunciaron que promoverán un boicot a la consulta de estatus, luego de la inclusión del “actual estatus territorial” en el diseño de la papeleta.

“Quien quiera defender la independencia como un mecanismo para descolonizar a Puerto Rico dará un paso al frente y el que no […]”, afirmó Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos, restando importancia al boicot del PIP.

La exclusión del estatus actual, explicó Rosario, era una de las “tres cositas” que el Departamento de Justicia federal había señalado como incovenientes para la certificación del plebiscito, que solo incluía las opciones de “estadidad” o “libre asociación/independencia”.

Gobierno cuenta con el aval de Justicia federal

A juicio de Rosario, Justicia federal no debe tener ahora ningún problema en certificar el diseño del plebiscito, lo que a su vez dejaría sin excusa al Congreso para que mostrara su aval.

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Justicia federal dijo que necesitaría tiempo para la nueva revisión, pero Rosario expresó que “entendemos que tienen el tiempo suficiente. […] No les debe coger más de una semana”.

Ante las enmiendas, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) convocó a una asamblea general el próximo domingo, 23 de abril, en Carolina, donde se apresta a tomar decisiones de cara al plebiscito.

Por su parte, el exgobernador Rafael Hernández Colón dijo ayer que, si las enmiendas a la ley del plebiscito no incluían el estatus territorial actual bajo su nombre jurídico, que, según él, es el Estado Libre Asociado (ELA), el ejercicio no tendría ninguna validez.

No obstante, el gobernador Rosselló afirmó ayer que “el Estado Libre Asociado no existe. Sánchez Valle (caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle) ya lo ha dejado claro categóricamente: Puerto Rico es un territorio colonial. Estamos sujetos a la cláusula territorial”.

Aunque aún el PPD no ha determinado si hará campaña  por el “actual estatus territorial”, tal cual aparece en la papeleta, o si invitarán a la abstención, ya la Junta del partido recomendó que cualquier proceso en torno al plebiscito debe comenzar en cero.

“Un baile sin pareja”

“¿Qué validez tiene un proceso sobre el cuál ninguno de los grupos convocados quiere participar y han anunciado ya de una u otra manera que no les satisface el proceso legislativo que se llevó a cabo en Puerto Rico y que están dispuestos a no participar?”, cuestionó el doctor Ángel Rosa, analista político.

“A mí me parece que el plebiscito se está convirtiendo rápidamente en un baile sin pareja y solamente para estadistas”, apuntó el exsenador, quien, además, dijo que no utilizar el nombre de “Estado Libre Asociado” es “claramente” un intento de inducir a un voto en contra de ese estatus actual, algo que sería favorecedor para la estadidad.

“El pueblo de Puerto Rico conoce el estatus actual con ese nombre (Estado Libre Asociado) y no hay ninguna razón para ponerle otro nombre que no sea el que el pueblo de Puerto Rico conoce y con el que se llama al estatus actual en la Constitución”, indicó Rosa.

“Me parece que, en ese sentido, Justicia tendrá reparos también, como tuvo ya con las definiciones anteriores en el sentido de que induce una respuesta específica de los electores. Es una manipulación”, afirmó.

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