Por: Obed Betancourt
El gobierno podría tener que revisar su iniciativa de poner a los agentes del orden público al servicio de la empresa privada luego que los uniformados rindan trabajo para el gobierno, a la luz de algunos hallazgos en el Informe sobre la Policía de Puerto Rico de 2011, una investigación del Departamento de Justicia federal (DOJ).
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El DOJ mantiene un pleito en la corte federal de distrito de Puerto Rico que obliga a la profesionalización de la Policía y regula la conducta que esta solía tener con los civiles. El plan de acción correctivo que emergió del acuerdo por violación de derechos civiles es monitoreado por la corte a través de su monitor, Arnaldo Claudio, y vistas ante el tribunal.
A comienzos de abril, el gobierno lanzó la idea de permitir que los policías trabajen horas extras en “entidades externas”, que aunque técnicamente puede ser hasta el Departamento de Educación u otras dependencias del gobierno, según las declaraciones oficiales, lo más probable es que terminen trabajando para la empresa privada ante la falta de fondos del gobierno.
Un beneficio directo que la administración reconoció es que, debido a los bajos salarios, se le pueda pagar horas extras a los policías pues el gobierno no puede.
Distinto a ocasiones anteriores, en que se les permitía ejercer en labores de seguridad, ahora en esas horas extras los policías estarían cobijados por los beneficios y protecciones que le corresponde a un policía activo.
“Los policías podrán recibir los beneficios y cubiertas de la Policía si les pasara algo en estas gestiones”, indicó el gobernador Ricardo Rosselló hace unas semanas durante el anuncio de la iniciativa, que debe ser legislada.
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Sectores ya han criticado la medida al describirla como una “privatización” de la Policía para beneficio de los intereses privados que puedan financiar a un policía. El gobierno no derivaría beneficios directos de esta iniciativa. No obstante, se ha argumentado que la medida “ayudará a combatir el crimen” y será una manera para otorgarle más dinero a los policías.
Sin embargo, la sección V, medidas correctivas recomendadas, del apartado F (56) del Informe sobre la Policía de Puerto Rico de 2011, advierte que se deben “Revisar y aplicar políticas en relación con agentes que no estén en servicio que desplieguen acción policiaca”.
En esta subsección se busca “(a) estipular que los agentes que no estén en servicio deberán informar a agentes en servicio de la PPR u otros agentes locales encargados del cumplimiento de la ley antes de llevar a cabo una acción policiaca, a menos que existan circunstancias exigentes, para que estos puedan reaccionar con el personal y los recursos adecuados para manejar el incidente”.
Dada el alerta inicial sobre los policías que no estén en servicio, pero que se vean obligados a ejercer “una acción policíaca”, en el Informe se reconoce subsiguientemente el asunto de los policías que hacen horas extras y los problemas que puede haber.
La sección b. busca “prohibir a agentes que no estén en servicio el cargar o el uso de armas de fuego o la ejecución de medidas policíacas en situaciones en las que el desempeño de un agente puede verse afectado, o en las que su capacidad para ejercer acción objetiva pueda verse comprometida”.
La recomendación del DOJ surge luego de que durante 110 páginas haya ido detallando las violaciones a los derechos civiles y la falta de profesionalización en que ha caído la Uniformada. Prohibir a los uniformados “el uso de armas de fuego o la ejecución de medidas policíacas” solo es una medida profiláctica recomendada por el DOJ debido al historial de la Policía.
Por la política pública de protección civil adoptada en el acuerdo transaccional del caso del DOJ contra el gobierno y la Policía por abuso de los derechos civiles, no está claro con la nueva medida del gobierno qué normas aplicará un policía que esté al servicio de una empresa privada, haciendo horas extras, pero bajo la protección del uniforme y sus beneficios.
