Más allá de los aciertos que reclama Ricardo Rosselló en sus primeros 100 días de gobierno, lo cierto es que esta administración también ha sido impactada por sucesos poco favorables, que, a juicio del secretario de la Gobernación, William Villafañe, con quien repasamos algunos de esos eventos, “han sido menos de lo esperado”.
¿Qué tiene que decir sobre las manifestaciones y, en especial, sobre la huelga que han realizado los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en los primeros 100 días de gobierno de Rosselló?
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Yo respeto mucho el derecho a la libertad de expresión. Admiro a aquellos que ejercen ese derecho… Trancar los portones es representativo de cerrar las mentes y eso no es lo que necesita ni la universidad ni Puerto Rico en estos momentos. Nosotros vamos a establecer un proceso para que todo aquel que quiera comunicarle algo al Gobierno así lo haga. No somos una administración de atropellar a nadie. Todo lo contrario, una administración para aguantar lo que tenga que decirnos el pueblo.
La casa acreditadora Moody’s Investors Service degradó bonos del BGF y de otros emisores de deuda. ¿Es otro golpe al Gobierno en el marco de 100 días?
Esto es parte de un proceso. Eso echa a un lado el discurso aquel de que nuestra administración era la administración de los bonistas. Así que la realidad queda retratada ahí. El plan fiscal que se ha aprobado le da ventaja a la operación del Gobierno, les da ventaja a los servicios esenciales del Gobierno, es decir, le da ventaja al pueblo. Esa es la razón por la cual devalúan, degradan los bonos, porque el recorte que se hace sobre la deuda es dramático.
¿Qué opina de la acción del Tribunal de Primera Instancia que dio reversa a la decisión de Rosselló y ordenó restituir a los miembros de la comisión para auditar la deuda que él expulsó?
El Tribunal lo que ha decidido es sobre una cuestión procesal en términos de esa destitución. Nuestra posición es que no es necesario conformar una comisión para que se efectúe esta auditoría porque a fin de cuentas donde se va a llevar a cabo de una manera mucho más estricta, válida y de una manera donde las partes, incluyendo los acreedores, tengan que presentar pruebas es en el tribunal. Así que lo que la administración promueve es que ese ejercicio se lleve de manera imparcial en el tribunal sin costo adicional para el pueblo de Puerto Rico.
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