La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite D. Oronoz Rodríguez, anunció la consolidación de las salas de San Lorenzo y Cayey al Centro Judicial de Caguas, esto como una medida de atajar la crisis fiscal que enfrenta el país.
En una comunicación escrita, la jueza expuso que la Rama Judicial ha implementado medidas de ahorro durante años y que el Tribunal de Caguas no se verá sobrecargado de casos, ya que los jueces y juezas de los municipios consolidados los atenderán.
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“La Rama Judicial asume su responsabilidad de identificar y poner en vigor alternativas para enfrentar la situación fiscal y salvaguardar la prestación de los servicios a la ciudadanía. Siempre he dicho que la crisis es una oportunidad para lograr mayor eficiencia y hacer más con menos. Además de utilizar la tecnología como una herramienta para lograr justicia ágil y eficiente, también debemos optimizar los recursos existentes a través de los cuales prestamos servicios al país. No se trata de tomar iniciativas aisladas, sino de diseñar una estrategia ordenada, eficiente y moderna a lo largo de todo el país”, expresó Oronoz Rodríguez.
Ayer se comunicó a los empleados del cambio a través de las órdenes administrativas OAJP-2017-01 y OAJP-2017-017. “La Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, dispone en su artículo 5.005 lo relativo a las 13 regiones judiciales y reviste de facultad al juez presidente o a la jueza presidenta para determinar los municipios incluidos en cada una de ellas. También le reconoce que podrá establecer salas que atiendan los asuntos de dos o más municipios contiguos, cuando establecer una sala en cada uno de dichos municipios por separado resulte en una subutilización de los recursos de cada una de dichas salas”, expone la carta.
Sin especificar ahorros o más consolidaciones
En la comunicación escrita no se especificó de cuánto es el estimado de los ahorros que esperan lograr con las consolidaciones, aunque Oronoz aseguró que la medida “representa un ahorro anual por concepto de arrendamientos y gastos de operaciones”.
De igual forma, se indicó que se evaluaron criterios como el acceso de las personas al transporte público y las características sociodemográficas según datos del Censo de Población del 2010.
Metro hizo gestiones para obtener más información por parte de la Administración de Tribunales, pero los esfuerzos fueron infructuosos.
