La senadora Rossana López León, del Partido Popular Democrático (PPD), acusó hoy que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo Portela Franco, se niegan a entregar los modelos de proyecciones de recortes.
“Violentan los derechos de las minorías parlamentarias al solicitarle al Tribunal Superior que no los obliguen a entregar los documentos que sostienen las proyecciones y cálculos del plan fiscal aprobado, argumentando que los legisladores de minoría no tienen derecho al acceso de dicha información sin la autorización de la mayoría parlamentaria, lo que es contrario a la jurisprudencia”, acotó.
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Mañana, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan verá el caso Rossana López León vs Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y Gerardo Portela Franco, ante el honorable juez Anthony Cuevas Ramos, en la sala 904.
López León reveló que la negativa de Rosselló a divulgar los documentos de análisis de su plan fiscal se debe a que de hacerse “se identificarán recortes adicionales que no han salido a la luz pública y que pudieran afectar a los empleados públicos y otros servicios esenciales”.
También explicó que el plan fiscal de Rosselló aprobado por la junta de control fiscal “contiene recortes prospectivos adicionales mucho más abarcadores de los que se han revelado” y sostuvo que el primer ejecutivo “ha cambiado de opinión en dos ocasiones para negarse a entregar los documentos solicitados”.
“Desde febrero de este año solicitamos la divulgación y entrega de todos los documentos, estudios, informes y modelos de proyección de recortes de gastos por renglones para conocer los verdaderos impactos del plan fiscal”, detalló.
Y señaló que primero “se negaron a entregarlo invocando un alegado privilegio de confidencialidad, y ahora impugnan la legitimación de una legisladora electa por el pueblo de tener acceso a información de naturaleza pública. Evidentemente la negativa se debe a que vienen recortes mucho más grandes, devastadores para el país y los pretenden ocultar”.
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La senadora del PPD explicó que en la página 17 del plan fiscal se presenta un plan de recortes del tamaño del gobierno que impone una reducción de 851 millones de dólares para el próximo año fiscal (2017-18) y que dichos recortes continúan aumentando escalonadamente cada año hasta llevarlo a la cifra de 2,758 millones de recortes para el año fiscal 2025-2026.
“Cuando se examina el detalle de los recortes presentados en la página 19 del plan, se señala que únicamente en el renglón de nómina, los recortes continúan aumentando anualmente hasta llevarlos a 832 millones menos para el 2016 en comparación con el presente año. Todavía no sabemos en qué renglones de nómina serán esos recortes”, indicó la legisladora.
Otro ejemplo es en relación a los recortes a la UPR, los municipios y el sector empresarial. Según el plan, los recortes comienzan de forma escalonada por la cifra de 411 millones para el próximo año fiscal (2017-18) y continúan aumentando escalonadamente hasta reducir en 1,044 millones o una pérdida neta de 633 millones en nueve años.
“Llevamos dos meses esperando que nos digan de dónde van a salir esos recortes y quiénes se verán afectados. Lamentablemente el gobierno se niega a divulgar la totalidad de la información. Esto planea que los recortes serán mayores a los proyectados inicialmente”, argumentó.
“El gobierno, además, proyecta recortes en los incentivos y créditos empresariales sin informar qué sectores o industrias se verán afectados. Pueden incluir el sector agrícola, de manufactura, turístico o los pequeños y medianos comerciante”, detalló.
Para López León, “como si fuera poco, proyectan reducciones de más de mil millones en cubiertas de salud y medicamentos y a sólo 60 días de empezar las mismas no le han informado a la población de edad avanzada los servicios que se verán afectados cuando ya saben qué partidas y qué renglones habrán de recortar”
La senadora recordó que ante la negativa del gobierno de publicar sus modelos de proyecciones, recurrió a los tribunales mediante un recurso de mandamus para que el gobierno haga público los estudios y escenarios que evaluaron para llegar al contenido del plan fiscal.
Desde el inicio, el gobierno ha dicho que no hará público sus estudios argumentando -inicialmente – que esa información de salir a la luz pública podría llevar al país a hacer conclusiones “erradas y prematuras” y que la misma es confidencial.
El pasado viernes “cambiaron de opinión y sometieron una moción de desestimación argumentando que esta senadora no tiene legitimación activa para requerir esa información por entender que sólo se le puede entregar si la mayoría parlamentaria del PNP lo autoriza”.
“Nuestra petición ha sido rechazada para que no se divulgue la verdad. Por eso entendemos que estas acciones son un subterfugio para violentar los derechos de las minorías y ocultar información de naturaleza pública. Esto lo llevaremos hasta el final”, concluyó la política.
