El sindicalista Roberto Pagán informó que el Tribunal de Primera Instancia ordenó la restitución de los miembros expulsados de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público.
El 25 de febrero, Pagán, quien es presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, y los profesores José González y José Alameda Lozada demandaron al gobernador Ricardo Rosselló por expulsarlos de la Comisión creada por la Ley 21 del 2016.
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A base de lo presentado por los demandantes, informó Pagán, el Tribunal dispuso que procede la concesión del Injuction preliminar y permanente a donde “se le ordena a la parte demandada (Gobernador Ricardo Rosselló) a cesar y desistir de intervenir indebidamente con la Comisión mediante la destitución de sus miembros”.
La determinación judicial es de la juez del tribunal de San Juan Lauracelis Roques Arroyo.
Precisamente hoy, esa misma juez rechazó ordenar a la rectora de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras que mantenga los portones abiertos y garantice la entrada de los estudiantes que deseen estudiar, porque la evidencia fue “débil e insuficiente” en “esta etapa”.
Varios estudiantes de derecho acudieron al tribunal con un mandamus, y un injunction preliminar y permanente para que la rectora Carmen Rivera y el Presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, ejercieran sus funciones ministeriales y mantuvieran abierto el recinto, ahora mismo en manos de un sector de estudiantes que declararon un paro y huelga.
Los estudiantes solicitaron al Tribunal que, entre otras cosas, le ordenase a la parte demandada y a sus agentes a atender y garantizar el acceso al Recinto de Río Piedras de la UPR y a continuar el curso regular del calendario “a través de cualquier medio o acción que resulte necesaria para garantizar el acceso al Recinto [de Río Piedras] con tal de poder continuar las labores académicas y administrativas en un Recinto abierto,
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La presidenta de la UPR, Nívia Fernández ha insistido en que no reclamará la presencia de la Policía para garantizar ese derecho a esos estudiantes.
La juez determinó que el acceso a la UPR lo impiden estudiantes relacionados con el paro. “Por tal razón, este tribunal no puede pasar por alto que cualquier determinación que tome en este caso tendría consecuencia sobre estos estudiantes que al día de hoy no han sido acumulados en la presente Demanda. Es decir, de la prueba desfilada surgió que quien ha restringido el paso a la universidad son unos ‘estudiantes’ o ‘personas relacionadas con el paro’ que es una parte que no está bajo nuestra jurisdicción, ya que no fue incluida”.
Esta semana, el Gobernador ha reiterado que la auditoría no es necesaria y que no asignará fondos para tales efectos. El Presidente de la Comisión ha planteado que dicho cuerpo ya posee los fondos necesarios para adelantar de forma determinante los trabajos de dicha Comisión.
Rosselló ha dicho en varias ocasiones que los tribunales deben auditar la deuda, sin embargo, se ha estipulado que no le toca al tribunal realizar la auditoría.
“La determinación de la jueza muestra que teníamos razón al plantear que era improcedente la destitución de los representantes del interés público en la Comisión de Auditoría Integral por parte del Gobernador. Esto nos permitirá retomar la importante labor de la Comisión, y conocer cuál es el monto real de la deuda, el uso que se le dio al dinero producto de los préstamos tomados”, dijo Pagán.
Este espera “que no haya más intentos de evitar que se realice esta auditoría y que nuestro País conozca la verdad sobre el proceso de endeudamiento que nos ha sumido en la crisis que hoy vivimos. Los tribunales no investigan, determinan a base de la prueba presentada.”, expresó Pagán.
