Los representantes Manuel Natal Albelo, Nelson del Valle, Javier Aponte Dalmau y Luis Vega Ramos presentaron hoy la resolución de la Cámara 223 para investigar un aparente patrón de “chantaje” mediante demandas presentadas ante el foro federal contra comercios nacionales que supuestamente han incurrido en violaciones a la American Disabilities Act (ADA).
Según los legisladores, el “atípico patrón” de demandas pudiera tratarse de un esquema de lo que se conoce en inglés como “Drive-by lawsuits” o demandas fortuitas con fines lucrativos, lo cual pudiera redundar en violaciones a los cánones de ética de la profesión de la abogacía por parte de quienes las incoan.
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Junto a un amplio grupo de comerciantes, y en una panadería de Guaynabo, Natal denunció lo que aparenta ser un modus operandi que incluye visos de chantaje y extorsión a pequeños y medianos comerciantes, que son amenazados con ser demandados si no acceden a transar de manera extrajudicial reclamos basados en las disposiciones establecidas por la ley federal ADA.
“Estamos frente a un posible esquema de extorsiones y chantajes cuyo fin podría trascender violaciones a los cánones de ética de la práctica de la abogacía en Puerto Rico. Con la radicación de la Resolución de la Cámara 223, la Cámara de Representantes se hace proactiva en la defensa y protección de nuestros pequeños y medianos comerciantes ante el abuso de quienes se valen de una ley justa y loable para lucrarse inescrupulosamente”, sostuvo el representante.
Aponte Dalmau comentó que “nuestra iniciativa no va en menoscabo de los propósitos de la Ley ADA, sino que busca defender a nuestros pequeños y medianos comerciantes a través de la fiscalización en el cumplimiento fiel y cabal de la profesión de la abogacía”.
El político alertó sobre personas que utilizan las disposiciones de la ley para sacar partida de manera indebida, tal como está sucediendo en los casos que se pretenden investigar a través de la resolución de la Cámara 223.
Vega Ramos manifestó que “la defensa de los derechos de todos es fundamental. En momentos en que otros deciden por nosotros, hay que asegurar justicia para el País completo”.
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La portavoz de los comerciantes, Carilyn Marrero, denunció que en los pasados dos años se ha registrado un alza dramática en las demandas por concepto de violaciones a la Ley ADA.
“Según los datos ofrecidos por el sistema PACER (pacer.gov) el número de demandas se ha multiplicado drásticamente desde el año 2015. Este patrón se mantuvo rondando entre cuatro y 16 demandas, pero en el año 2015 se registró un alza drástica con 79 demandas por concepto de Ley ADA. En el año 2016, ese número se elevó aún más, alcanzando las 108 demandas”, señaló la comerciante.
Marrero explicó además, que las demandas reúnen las mismas características, “tal como si se tratara de un formato premeditado”, repitiéndose incluso, el mismo lenguaje.
“El mismo formato de demanda se ha repetido en múltiples ocasiones. Incluso nos llegó un caso en el que se repite el nombre de un comercio previamente demandado”, expresó.
Natal agradeció al Defensor de las Personas con Impedimentos, quien se ha expresado a favor de la aprobación de la resolución e instó al presidente de la Cámara a dar paso a su evaluación.
