El representante del Partido Nuevo Progresista, José ‘Quiquito’ Meléndez, indagará mañana con la Policía la cantidad de agentes que le brindan escoltas a los miembros de la Junta de Control Fiscal, incluido su nueva directora ejecutiva Natalie Jaresko.
La declaración dada a Metro por el representante, surge luego de que hoy se diera a conocer en vistas públicas que los ocho miembros del ente federal tienen escolta asignada en la isla.
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Meléndez dijo que en la reunión que sostendrá mañana en horas de la tarde con la superintendenta de la Policía Michelle Hernández de Fraley, busca conocer la cantidad de agentes asignados, si estos realmente la necesitan y el impacto económico de esta vigilancia.
Metro supo que el banquero Carlos García, miembro de la Junta tiene asignado como escolta al menos dos agentes por turnos, seis en total.
García es el único de los integrantes de la JCF que reside a tiempo completo en la isla. Los demás reciben escoltas cuando se encuentran en el país.
De acuerdo con el representante, actualmente se busca presentar legislación que regule la asignación de escoltas a funcionarios públicos.
“La Policía no nos informa quién tiene y quién no tiene escoltas y cuál es la razón. Si existe una amenaza real para asignárselas”, declaró el representante, quien no descartó radicar medidas para prohibir que los miembros de la Policía le brinden servicios de escolta a los componentes del ente federal.
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Hoy, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Lasalle Toro, planteó la necesidad de presentar legislación que reformule lo relacionado a las escoltas que en la actualidad brinda la uniformada.
Lasalle Toro afirmó que los recursos que se destinan a ese servicio deben ser dirigidos a reforzar las arcas de las agencias, en particular la de la Policía.
“Debemos regular por ley todo lo relacionado a las escoltas y los presupuestos que se destinan a ese servicio. Tenemos que garantizar que la Policía cuente con los mayores recursos. No es economizar, es brindarle los mejores herramientas a quienes se arriesgan por la protección de nuestras vidas y bienes”, declaró.
Las expresiones de Lasalle Toro se produjeron durante la evaluación de dos medidas que pretender restringir o eliminar las escoltas de los exsuperintendentes de la Policía.
El proyecto de la Cámara 691, de la autoría de Pedro Julio “Pellé” Santiago, busca que se deje sin efecto la obligación de la Policía de brindar seguridad y protección a un exsuperintendente y su familia.
Por entender que la presente situación fiscal amerita de acciones que reduzcan la carga a las arcas gubernamentales, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda favorecieron la legislación.
La portavoz del Departamento de Hacienda favoreció la propuesta por considerar que es meritorio realizar ajustes en la utilización de los recursos y los gastos de la uniformada, ante el déficit presupuestario que atraviesa el gobierno.
La asesora legal de la Policía, Estrella Mar Vega, destacó la pertinencia de anteponer los intereses del pueblo a argumentos de seguridad personal al momento de cesar funciones.
La ponente recordó que para brindar el servicio de escoltas se incurre en una serie de gastos que incluyen vehículos, gasolina, peajes, seguros, dietas y horas extras; entre otros.
Ambas funcionarias se expresaron también en torno al proyecto de la Cámara 396, del representante Meléndez que enmienda la “Ley de la Policía de Puerto Rico”, para reducir de cuatro a un año la responsabilidad que le corresponde a la uniformada para proveer seguridad y protección a un exsuperintendente y a su familia.
