El portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Ángel Martínez Santiago, se mostró complacido con el referido que hiciera el Departamento de Justicia a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), relacionado con la posible comisión de delitos en el otorgamiento de becas presidenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Martínez Santiago fue enfático en asegurar que se radicaran cargos criminales por este asunto.
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“Estamos satisfechos con la determinación del Departamento de Justicia en referir al FEI la investigación sobre el favoritismo político demostrado en la otorgación de becas presidenciales en la UPR. Esperamos que, con esto, finalmente se termine la era de apadrinaje en la Universidad, nuestro primer centro docente y se fijen responsabilidades a aquellos funcionarios que violaron la ley”, señaló el político.
Aseguró que “la verdad se va a conocer finalmente. Los implicados en este histórico escándalo, incluyendo al expresidente de la Universidad Urayoán Walker Ramos, el exrector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, y el expresidente de la Junta de Gobierno, Jorge Sánchez, tendrán que explicar este desfalco a las arcas de la Universidad. Los tiempos de impunidad terminaron”.
El también presidente de la Comisión de Salud senatorial fue quien sometió, en marzo de 2016, querellas ante Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia en contra de Walker Ramos, así como contra el también expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez, por supuestamente favorecer a un selecto grupo de estudiantes para otorgarles la mencionada beca presidencial.
De acuerdo con información disponible, los jóvenes Carlos Pagán, quien fuera asistente de Antonio García Padilla, y Arturo Ríos Escribano, que fue asesor del gobernador en temas de asuntos laborales hasta 2014 recibieron cuantiosas becas sin tener los requisitos.
El monto de la beca otorgada a Pagán ascendió a los 40 mil, aunque la solicitud inicial fue de 65,580 dólares.
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Otra que recibió la beca fue Mónica Sánchez, sobrina del expresidente de la junta de gobierno.
En el caso de Pagán, este aparentemente no cumplía con dos de los tres requisitos de la certificación y fue el único becado a quien Walker Ramos llamó directamente para preguntarle cuánto dinero necesitaba
