El cambio de administración de gobierno, la amenaza de competencia directa a empresas privadas y hasta el desconocimiento son solo algunos de los factores que han impedido que la aeroambulancia de $8 millones, pagada con dinero del pueblo, comience a ser utilizada.
La nave, adquirida por el Departamento de Salud a través de un fondo de emergencias administrado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), no ha podido ser usada en ninguna emergencia desde que el entonces gobernador Alejandro García Padilla anunció su entrega el 29 de diciembre.
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Las tranquillas que impiden el vuelo del helicóptero, que se encuentra en el hangar de la Unidad de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) en el aeropuerto Mercedita en Ponce, sirven de argumento a los miembros de la Legislatura que aseguran que la nave no tiene los permisos necesarios, expedidos por la Administración Federal de Aviación (FAA) para dar el servicio.
No obstante, normas de la FAA y conocedores del tema de la aviación coinciden en que, si la nave no es usada como una operación comercial, no requiere las certificaciones que exigen en vistas públicas los representantes Juan Morales Rodríguez, a través de la Comisión de Salud, y Jorge Navarro, de la Comisión de Gobierno.
En entrevista con Metro, Morales Rodríguez asegura que una de las certificaciones más importantes que precisa la aeroambulacia es la parte 135 del Código de Regulaciones Federales (CFR), que le permite cobrar por el servicio.
“Aunque el helicóptero sea propiedad del Gobierno, debe tener la Certificación 135 para poder facturarles a los planes médicos, pacientes de Mi Salud (ASES), pacientes de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) y a la ACAA (Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles)”, dijo el legislador.
La FAA tiene dos clasificaciones para la operación de ambulancias aéreas: una es bajo operadores comerciales y otra como operador público. La primera exige que la entidad que administra la nave tenga la mencionada certificación, mientras que la segunda, como su uso es para “operaciones de rescate y transporte médico” —según lo estableció en una carta en poder de Metro el exgobernador—, solo requiere una declaración de Public Aircraft (Aeronave Pública).
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“Puede dar servicio sin cobrar”
“No hay ningún problema con que el Estado utilice la aeronave para dar servicio médico. Si usa la aeronave, no puede cobrar porque no tiene la certificación, y ese gasto lo asumiría Salud, como ocurre en Estados Unidos”, destaca el experto en aviación Rolando Enrique Padua.
Padua, quien se desempeñó como gerente del Negociado de Aviación, oficina adscrita a la Autoridad de Puertos, bajo la administración de García Padilla, sostiene que en Estados Unidos agencias de policía proveen de transporte aeromédico, que es financiado por los propios estados y que los aviones públicos están exentos de muchas regulaciones de la FAA.
Afirma que, aunque la ambulancia aérea es del Estado, la agencia que lo administre puede solicitar la respectiva certificación mientras la nave opera. “El permiso le llegaría en poco menos de un año”, dijo.
“Si el problema es por el cobro, se supone que el Gobierno haya ido a Flight Standards (una división FAA) a solicitar la certificación para que pueda cobrar por el servicio. No tienen que ir muy lejos; está aquí en Hato Rey”, destacó Padua, al tiempo que negó haber brindado asesoramiento a la administración pasada en la compra de este helicóptero y de los que se compraron para FURA.
Entiende que la controversia generada es por la competencia que representa para las líneas privadas que dan servicio a Salud, ya que la nave del Estado tiene todo el equipo necesario para operar.
Latente interés por la nave
Desde mediados del cuatrienio pasado, la administración de García Padilla había manifestado interés en que el Departamento de Salud tuviera su propia ambulancia aérea. Esto ante las continuas amenazas de la empresa Aeromed de suspender el servicio por falta de pago —según consta en cartas vistas por Metro— y a la alegada necesidad de ahorrale dinero al país, ya que el costo anual de Aeromed, principal contratista del Gobierno, se estimaba en $3.5 millones.
La nave que compró el Gobierno, un helicóptero modelo Bell 429, de doble turbina, se dio tras un acuerdo entre FURA, que suministraría los pilotos, el hangar, los mécanicos y técnicos para el mantenimiento. Salud, que se encargaría del pago del combustible y de los demás costos, y Emergencias Médicas, que suministraría los paramédicos y el equipo quirúrgico.
Es el propio Gobierno quien hace el acercamiento a Bell Helicopter para la compra de la nave por $6,750,137.00. La empresa es representada en la isla y el Caribe por Ecolift, que, a un costo de $954,498 se encargaría de la adaptación del equipo médico.
La empresa, que también intervino en la compra de cuatro helicópteros para FURA en 2014 tras una inversión de $34 millones, entregó la ambulancia en 60 días, un término de tiempo menor al exigido por la administración.
La forma en que el Gobierno adquirió la nave, bajo un procedimiento de emergencia que lo exime de la realización de subastas y en el que el pago se dio por adelantado, pero con la exigencia de una garantía de 100 % de cumplimiento a Ecolift, más pesquisas activas de la Oficina de la Contralora y de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que allanó sus oficinas en 2015 en Isla Grande, son otros de los puntos en controversia destacados por el Gobierno actual que mantiene en estado de inercia a la aeroambulancia.
El director Ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Aemead), Abner Gómez, indicó a Metro que el proceso de compra, que no se registró en la Oficina del Contralor, es uno de los asuntos que investiga la contralora Yesmín Valdivieso, quien en vistas públicas ordenó que la “ambulancia aérea no se puede tocar hasta que termine la auditoría”.
“Estamos a la espera de que termine una investigación de la Contralora de Puerto Rico sobre el proceso de compraventa”, sentenció Gómez ante la pregunta de qué harán con el helicóptero.
“Cuando tengamos un cuadro claro, la vamos a poner en función, ya sea mediante una alianza público-privada (APP). Hay que sentarse a diseñar una alianza que no le cueste un centavo más al pueblo de Puerto Rico, porque la realidad es que el Gobierno no tiene para el mantenimiento de la nave”, reveló.
Fuentes de Metro no descartan que la nave sea cedida vía APP a la empresa Aeromed como parte de la deuda que el Gobierno tiene con la empresa, que, tras figurar cancelada en dos ocasiones en los registros del Departamento de Estado, ahora opera bajo el nombre de Traslados Médicos Puerto Rico Inc.
Gómez destacó que la administración pasada “nunca fue proactiva en negociar la deuda con Aeromed”.
Durante la vista pública celebrada ayer, la empresa reveló que el monto de lo que se le adeuda es de aproximadamente casi 10 millones de dólares. Mientras, Aviane Air Ambulance, otra empresa que también se dedica al transporte aéreo de pacientes lesionados o en estado crítico, reveló que Salud le adeuda $80 mil dólares. Ambas criticaron la compra del helicóptero por parte de la agencia.
Entretanto, el representante Morales no descartó citar al gobernador y al propietario de Ecolift, Ernesto Di Gregorio, a comparecer ante su comisión. Tanto García Padilla como representantes de Ecolift han manifestado en declaraciones previas, que no tendrían inconvenientes en acudir.
