Abogados salen en defensa de la legalidad de la universidad pública

Puerto Rico se encuentra en un “estado de excepción”.

Por Inter News Services

La imposición de la junta de control fiscal a Puerto Rico y los mecanismos economicistas que se están estableciendo en clara alteración al estado de derecho vigente y el futuro de la universidad pública, recibió hoy el repudio conjunto de casi medio centenar de profesores de Derecho y abogados.

De acuerdo con los firmantes, Puerto Rico se encuentra en un “estado de excepción” que ya se ha convertido en la normalidad y en un régimen jurídico que violenta los principios rectores más básicos en un ordenamiento democrático, situación que no puede ser obviada por juristas y profesores de Derecho, por lo que rechazan “la implantación de un único criterio rector a partir del pensamiento único economicista para toda la toma de decisiones relacionadas al país”.

Opinaron que la Junta de Supervisión Fiscal, compuesta por siete personas no electas que rigen absoluta y autoritariamente todo el futuro y la toma de decisiones que nos afecta a quienes habitamos Puerto Rico, constituye una “eliminación burda de las pocas vías de democracia representativa que existían”.

“En ese escenario, la Universidad de Puerto Rico, la única universidad pública del país, es una de esas instancias que mediante estas vías antidemocráticas y siguiendo parámetros y cálculos arbitrarios meramente financieros, en los últimos años ha sido paulatinamente desmontada”, indica la declaración que firman, entre otros Ana Matanzo Vicens, Chloe S. Georas, Érika Fontánez Torres, Glenda Labadie Jackson, Nylca J. Muñoz Sosa, María Jiménez, Efrén Rivera Ramos, Julio Fontanet Maldonado, Juan F. Correa Luna, Fernando Moreno Orama, Ariadna Godreau Aubert, Guillermo Rebollo Gil y Mariana Iriarte Mastronardo.

A su juicio, lo que se pretende es desmantelar “nuestro único proyecto universitario público, ese que por más de un siglo nos ha servido al país como lugar para el pensamiento, para la preparación de profesionales diversos, el ascenso social, la creación artística, la investigación científica de interés público y el quehacer social a favor del interés público y de los más desaventajados en nuestro país”.

Los profesores de las tres escuelas de Derecho del país y abogados consideran su deber aglutinar sus voces “para que más personas se unan a esta denuncia y que reclamemos las oportunidades para incidir directamente en la toma de decisiones que nos afectan hoy y nos afectarán a nosotros y a nuestros hijos e hijas”.

“Por eso, nos unimos a las voces que exigen participación amplia del país en la toma de decisiones sobre las políticas que nos afectan, incluyendo el que se audite con rigor la deuda que hoy sirve de justificación para imponernos estas medidas”, reclaman los profesores de Derecho y abogados firmantes, quienes apoyan el llamado de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a comenzar acciones ciudadanas para lidiar con este escenario de tanta dificultad y evitar estas propuestas y políticas que nos llevan hacia un daño irreparable.

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