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Manifestantes ocupan oficina de miembro de la Junta de Control Fiscal

Miembros del Movimiento Se Acabaron las Promesas ocuparon hoy las oficinas de la institución financiera Caribbean Financial Group (CFG), donde el banquero y miembro de la junta de control fiscal, Carlos García, mantiene una posición como presidente de la junta de directores.

La acción forma parte de una jornada de actividades que ocurre de forma simultánea a la sexta reunión pública de la junta, que se celebra en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

“Al evaluar su trayectoria, resulta realmente sospechoso que García se posicione ahora en la junta de control fiscal para asegurarse de pagar la deuda que él mismo creó y de la cual sus instituciones se lucraron. Entonces nos parece claro por qué es que se le encubre luego de todos los informes que han salido sobre sus conexiones al endeudamiento del país y sobre las irregularidades en su selección para la Junta, las cuales incluyen el no reportar sus ingresos actuales provenientes de CFG”, indicó la agrupación en un comunicado.

En la nota agrega que “nos parece claro por qué no quieren auditar la deuda. Es que saben que encontraríamos mucha deuda emitida ilegalmente y conociendo que no sería posible repagarla. Esta es una deuda que no se usó para pagar por la educación especial, las pensiones de nuestros retirados, el mantenimiento y modernización de la infraestructura para los servicios esenciales o la reconstrucción económica del país”.

Según la organización, la deuda que se ha usado ha sido para “pagar intereses, para seguir pidiendo prestado y hundiendo a Puerto Rico en una crisis que facilita la quiebra de nuestras corporaciones públicas, como la AEE, y de muchos servicios a través de alianzas público privadas, como es el caso de los peajes”.

Las portavoces de Se acabaron las promesas explicaron que, según el informe “Piratas del Caribe” del grupo Hedge Clippers, cuando presidió el Banco Santander del 2001 al 2008, García facilitó y firmó emisiones de deuda para el gobierno de Puerto Rico.

“Luego, como presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) durante el gobierno de Luis Fortuño, gestionó la emisión de bonos más grande en la historia de Puerto Rico, añadiéndole 10 billones de dólares a la deuda pública”, sostuvo la entidad.

Añadió que García “puso en marcha el plan de austeridad como uno de los principales redactores de la Ley 7, la cual usó como garantía para duplicar la deuda de Cofina, resultó en el despido de 30 mil empleados públicos, redujo los servicios gubernamentales y facilitó su privatización. Convenientemente, también se encargó de eliminar el tope a los honorarios que cobran los banqueros por refinanciar las deudas. Finalmente, regresó a presidir el Banco Santander desde donde ayudó a refinanciar la deuda para pagar intereses y no servicios públicos. Con estos negocios, Santander participó como administrador de emisiones de deuda por 61,000 millones, un 87% de la deuda de Puerto Rico y, junto a otros bancos, hizo mil millones en ganancias”.

El movimiento señaló que “el encubrimiento solo es posible con la complicidad de miembros del pasado y del actual gobierno, incluyendo a los líderes legislativos, la comisionada residente en Washington y el gobernador, quienes se han expresado firmemente en contra de la auditoría de la deuda y legislaron para desarticular la comisión para la auditoría de la deuda la cual recién comenzaba a operar”.

“Con esta acción (la toma de las oficinas) queremos dejarle claro tanto a los banqueros como a los políticos culpables de endeudar a Puerto Rico que no les vamos a permitir su proyecto de incentivos para los ricos, de enriquecerse ellos con la deuda, mientras condenan al pueblo a la pobreza. Que les quede claro que no nos creemos su cuento de que van a ayudar al país, mientras lo que hacen es quitarnos nuestra Universidad Pública, nuestras escuelas, nuestros pocos servicios de salud para seguir endeudando a Puerto Rico. La invitación que le hacemos al pueblo es a demostrar que no somos tontos y a salir a la calle a parar porque ya no nos quedan más alternativas”.

Insistieron en que “ya basta de impunidad para los que llevaron el país a la quiebra. En este punto son ellos, los políticos, buitres y buscones que siguen enriqueciéndose mientras nos botan del país, o somos nosotros y nosotras, quienes tenemos la oportunidad de invertir en las necesidades reales de nuestro pueblo, las cuales nunca han sido prioridad para quienes gobiernan. El momento es ahora o nunca”.

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