La Junta de Supervisión Fiscal federal podría solicitar la corrección de las leyes aprobadas, invalidar cualquier estatuto o hasta llevar una queja de incumplimiento al presidente de Estados Unidos si los informes de las leyes no cumplen con el plan fiscal o si simplemente no se entregan en el plazo de siete días que estipula la Ley PROMESA.
Conocedores del tema consultados por Metro establecieron que la rendición de cuentas del Gobierno a la Junta por la leyes con impacto fiscal aprobadas no es algo ajeno, pues el artículo 204 establece el proceso y los términos específicos.
Igualmente, a inicios de esta semana, la Junta envió una carta al gobernador para recordar el proceso, ya que no se había realizado esta petición con anterioridad ante la falta de un plan fiscal vigente a inicios del año en curso.
“Cada ley con impacto presupuestario tiene que venir acompañado de una reducción en el plan fiscal o en el presupuesto”, indicó el ingeniero Carlos Pesquera.
Según el también excandidato a la comisaría residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP), las leyes aprobadas no pueden chocar con los recortes elaborados en el plan fiscal ya certificado, y, de tener un impacto económico, el ajuste tendría que realizarse en el próximo presupuesto o ir directamente a considerar congelación de plazas de empleo, contratos o servicios.
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“Para estar seguros de que no estamos creando mandatos sin fondos adecuados o, si requieren fondos, que no sean creando mayor déficit las alternativas de la Junta son ir al presidente o, en el caso más drástico, pues decirle que tienes que reducir del presupuesto que viene”, explicó Pesquera.
Por su parte, el licenciado experto en asuntos federales, Johnn Mudd, especificó que la Junta puede examinar de antemano las leyes aprobadas e invalidarlas si así lo considera pertinente.
“La Junta puede decir esa ley es inválida y puede ir al tribunal [por medio de un injuction] y decir que es inválida. […] La Junta no puede decir que una ley es inválida hasta que no tenga los informes y puede dar avisos de que no se dieron los informes”, detalló Mudd.
La Junta, el lunes pasado, por medio de una carta al gobernador Ricardo Rosselló, le solicitó una rendición de cuentas de las leyes aprobadas al momento para comprobar que las acciones legislativas se hicieron en sintonía y cumplimiento con los parámetros del plan fiscal.
El representante del gobernador en la Junta, Elías Sánchez, reconoció en declaraciones previas al país la validez de la petición de la Junta.
El plazo para rendir la información es de una semana, según la Ley federal PROMESA, y será la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) la encargada del análisis de las 16 leyes aprobadas por la actual administración.
Así lo establece PROMESA
Según el artículo 204 de PROMESA, las leyes aprobadas deben contener un informe que especifique que estas no son incongruentes con el plan fiscal y las proyecciones presupuestarias.
En caso de que el Gobierno incumpla con tal acción, la Junta puede solicitar una explicación de la incongruencia o solicitar la corrección de la ley.
En el detalle del artículo 204 de PROMESA, del Gobierno incumplir, “la Junta podrá tomar las acciones que considere necesarias, cónsonas con esta ley, para garantizar que la promulgación y ejecución de esta ley no afecte adversamente el cumplimiento del Gobierno con el plan fiscal, entre ellas, prevenir la ejecución de la ley”.
Incluso, la Junta puede tomar la acción, que también le provee PROMESA, de revisar preliminarmente cada proyecto de ley radicado ante la Rama Legislativa para corroborar su congruencia con el plan fiscal.