Si bien el reclamo del paro iniciado ayer surge en contra del millonario recorte a la Universidad de Puerto Rico (UPR), la paralización de servicios representa un costo al recinto riopedrense de alrededor de $800 mil.
La cifra, revelada por el economista José Alameda, se desprende de un estimado del presupuesto del Recinto de Río Piedras que asciende a $298 millones. “Se pueden reponer muchos de estos costos, pero el impacto de inmediato es este; se detiene esta producción”, explicó Alameda, quien aclaró que se espera que la cantidad que sobrepasa los $800 mil se pueda recuperar, por lo que sería “un costo momentáneo”.
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Sin embargo, este monto no toma en cuenta la actividad comercial de restaurantes, librerías y negocios que se genera en el sector por la presencia del estudiantado.
Por su parte, la administración de la Universidad, a través de su director de Prensa, Joseph Martínez, indicó a Metro que por cada día que la institución permanece cerrada se pierden $773 mil, esto solo en el recinto de Río Piedras. No se precisó cuánto representa en el neto la paralización de servicios.
Sobre el impacto económico que tendrá el paro de más de una semana, Alameda indicó que “dependerá de varias cosas: cuánto tiempo van a estar, cómo será. Hay que señalar que esta vez es Río Piedras, no es la UPR completa”.
Haciendo un ejercicio similar a nivel de todo el sistema de la UPR, si fueran todos los estudiantes en paro, el experto en economía proyectó que tendría un impacto de $3 millones diarios.
No obstante, las acciones que tomarán los alumnos de los 11 recintos se decidirán durante la asamblea nacional del próximo 5 de abril.
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El paro que inició ayer surge como acción de los universitarios en contra de los recortes de $450 millones para el 2021 que impuso la Junta de Control Fiscal. El ente federal dio a la administración de la UPR hasta el 30 de abril para entregar un plan de recortes que incluya estrategias fiscales por los próximos cinco años.
Esto ha provocado el repudio de múltiples sectores de la comunidad universitaria, entre ellos, estudiantes, docentes y no docentes, que señalan que la institución no aguantará un recorte de tal magnitud, lo que los podría obligar a cerrar recintos, programas y reducir ciertos servicios.
