El presidente de la Junta de Control Fiscal (JSF), José Carrión, y demás miembros del ente federal enviaron ayer una carta dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en la que realizan nuevas peticiones al Gobierno central.
“Como lo exige la Sección 204 (a) de la Ley de Puerto Rico, de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica, la Junta pide que se someta a la Junta Directiva, a más tardar siete días hábiles después de la promulgación, cada ley y resolución conjunta aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y firmada por usted”, indica la misiva.
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En la carta se explica que la petición busca corroborar que las leyes que se aprueben vayan acordes al plan fiscal aprobado por la Junta y le otorgan al Gobierno siete días laborables para cumplir con la petición. En la solicitud también están incluidas todos los proyectos de ley y resoluciones aprobados por la Legislatura y convertidos en ley por el gobernador al momento.
“De conformidad con lo dispuesto en la sección 204 (a) de PROMESA, cada pieza legislativa debe estar acompañada de un estimado formal, elaborada por una entidad apropiada del Gobierno con experiencia en presupuestos y gestión financiera (presumiblemente la Oficina de Gerencia y Presupuesto) del impacto de la ley en los gastos e ingresos del Gobierno, así como una certificación de tal entidad sobre si la ley no es significativamente inconsistente con el plan fiscal aprobado”, detalla la carta enviada al gobernador.
En la misiva, además, se explica que, si la entidad que realiza el estimado del impacto de la ley en los ingresos y gastos del Gobierno determina que la medida es significativamente inconsistente con el plan, emitirá y entregará a la Junta una certificación de dichas conclusiones, junto con las razones de tal hallazgo.
El ente federal hizo hincapié en que cada legislación aprobada debe ser tomada en consideración al momento de preparar el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 y que ese presupuesto debe ser consistente con el plan fiscal.
