Auditoría a la Policía revela 11 hallazgos irregulares

La Uniformada no notificó el pago de tres contratos por millones de dólares a Hacienda.

Por Inter News Services

La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión favorable pero con excepciones sobre el examen realizado en la Policía de Puerto Rico, al resaltar 11 hallazgos irregulares en los contratos de servicios profesionales y consultivos, los controles administrativos e internos del Negociado de Recursos Humanos, de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías.

El informe revela que la Policía pagó 5,466.94 dólares en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo 44,986 dólares en exceso a un contratista por reembolso de gastos exentos, según la carta circular 1300-09-14 del 2013.

Además, recomendó a Raúl Maldonado Gautier, secretario del Departamento de Hacienda que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de 13.5 millones de dólares por tres contratos, en las declaraciones informativas a Hacienda.

“Nuestros auditores identificaron que, contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre 1,200 y hasta 26,376 dólares anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas”, detalla el documento.

Además, la auditoría señala que no se realizaron pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía, según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12 por ciento del personal.

Tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Policía dentro de un período de tres años, según dispone la Ley 53-1996. En los últimos seis años sólo se han realizado la prueba psicológica a entre un 3 y un 11 por ciento de los empleados.

El informe recomienda que se promulgue reglamentación para la sección de Análisis de Huellas Dactilares de la división de Identificación Criminal y que se actualicen los procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.

El Informe cubre el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de octubre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr .

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