Al igual que en la primera ocasión, Marina Medina Maldonado se la pasaba contando los días para volver —aunque sea de lejos— a tener contacto con sus hijos.
Era la segunda ocasión en que se truncaba extensamente la comunicación, las miradas y los abrazos con los seres que dice más amar.
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La ley que se aplica en igualdad de condiciones tanto a hombres como a mujeres que incumplen con el pago de la manutención de sus hijos se lo impedía.
Cree que el encierro es la más factible de las medidas para provocar el desembolso de dinero que lleve los alimentos, la ropa o costee el cuidado o la educación de ese menor que procreó.
Y, aunque en muchos casos funciona, en otros simplemente agrava y lacera las relaciones entre padres e hijos, al tiempo que extiende la llegada del ingreso necesitado, ya que, como explica Medina Maldonado, “presa no puedo trabajar”.
Medina Maldonado es madre de tres hijos con edades de 20, 19 y 11 años. Metro la entrevistó en el Hogar Intermedio para Mujeres en San Juan mientras cumplía una sentencia de seis meses por una deuda de $5,000 en el pago de la pensión.
Ella, más allá de criticar a la jueza por dictarle tal pena, o maldecir a quien fuera su esposo por casi 18 años por reclamarle pensión, Medina Maldonado solo hablaba del sufrimiento que arrastraba por no poder ver a sus hijos.
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“No ha sido fácil. Hace meses que no los veo”, dijo la mujer de 38 años, al tiempo que agregó que un mes en prisión se le hizo como si fuera un año.
Natural de Vega Baja, Medina Maldonado llegó al centro intermedio de San Juan, procedente de la antigua cárcel de mujeres de Vega Alta, donde estuvo un mes recluida en una celda que compartía con otras presas acusadas de asesinato y tráfico de drogas.
Indicó que era la segunda vez que caía en prisión por la misma situación. Sin embargo, la fémina señaló que esta última fue “una pesadilla. Cuando entré al cuarto, me desplomé. Era un cuarto solo, encerrado. No era como la primera vez, que era un cuarto abierto, era bien trancado y yo no salía para evitarme problemas con otras reclusas no por miedo. Era que no me gustaba estar en bonche”, recuerda.
Otro que ha sufrido la distancia de sus hijos es Miguel Ángel Rolón Montañez, quien ha sido ingresado en tres ocasiones al complejo carcelario de Bayamón por arrastrar distintas deudas. La más reciente, una de $8,800.
El padre de dos jóvenes, una niña de 15 años y un varón de 12, dijo a este diario que se atrasó en el pago de la pensión tras quedarse sin trabajo y que, aunque se las buscaba vendiendo bizcochos en las luces y haciendo de cuando en vez de handyman, no podía reunir el pago requerido de $300 al mes: $200 para los hijos y $100 para abonar a la deuda de pensión.
Reveló que en prisión lo que más lamentaba era estar lejos de sus hijos, a quienes les escribió en varias ocasiones diciéndoles que “los amo mucho, sigan orando, sigan para adelante, que por el proceso que estoy pasando ellos no tienen culpa”.
“Yo los quiero mucho. Yo los amo. Ellos saben que la única persona con la que ellos pueden contar en esta vida soy yo, como padre, como ser humano, y que siempre los llevo en mi corazón… Y he tratado siempre de darles lo mejor a pesar de que no tengo mi propio empleo”, es el mensaje que les envía a sus hijos.
Rolón Montañez también condena que la Justicia prefiera encerrarlos en vez de permitirles buscar el sustento de los suyos.
“El mismo día que me ingresaron (a prisión) me llamaron para trabajar”, recuerda con tristeza el hombre de 34 años, quien, al igual que Medina Maldonado, ya se encuentra fuera de prisión haciendo malabares para cumplir con sus responsabilidades de padre.
No obstante, tras las rejas aún continúan 128 individuos —entre ellos tres mujeres—, ingresados por desacato por asuntos relacionados con la pensión alimenticia.
Legislaciones en curso
Ante esta situación, la Legislatura de Puerto Rico pondera sendos proyectos en Cámara y Senado que promueven cambios en la penalización de padres alimentantes.
El más reciente es del representante penepé, Michael Abid Quiñones Irizarry, quien a principios de enero radicó el Proyecto de la Cámara 745, con el que busca evitar que padres deudores de pensión alimenticia, que no sobrepasen los $5,000, sean enviados a la cárcel por desacato si presentan evidencia de haber perdido su empleo.
“El fin de esta medida es no meter, de entrada, a una persona a prisión por la razón de una pérdida de empleo que lo fuerza a no poder realizar los pagos correspondientes a su pensión alimenticia”, dijo el representante por el Distrito 22 de Utuado, Lares, Adjuntas y Jayuya.
Reconoció que en el país los trabajos escasean, “las condiciones económicas están bien difíciles y es imperativo que el sistema se adapte a esta nueva realidad. Por eso estamos proponiendo esta iniciativa”.
La nueva disposición —sin fecha aún de discusión en la Cámara— establecería que no se podrá emitir una orden para hallar en desacato a un padre alimentante que tenga una deuda menor de $5,000, ofrezca evidencia de haber sido despedido por su patrón, justifique merma de ingresos y demuestre que gestionó con una agencia de empleo un nuevo trabajo o tomó medidas razonables para cumplir con el pago de la deuda.
Esto no aplicará en ocasión de deudas acumuladas por incumplimiento a un plan de pago autorizado por el tribunal o el administrador, indicó.
El otro proyecto en fila para discusión, pero en la Cámara Alta (P. del S. 189) es el del senador Eric Correa, quien propone que los padres que adeuden una pensión alimenticia menor de $2,000 no vayan a la cárcel y realicen trabajo comunitario.
De aprobarse, la medida solo aplicaría a padres alimentantes que incumplan por primera vez con el pago de la manutención a sus hijos.
La exposición de motivos de la pieza legislativa, presentada por el presidente de la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo en el Senado, faculta al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a entrar en acuerdos colaborativos con otras instituciones, públicas y privadas, para que las partes alimentantes que incumplan con el pago de la pensión lleven a cabo tareas de recogido de café u otras actividades agrícolas, mantenimiento de escuelas públicas, ornato y construcción, entre otras, y para otros fines relacionados.
Indica que la legislación —además de garantizar el pago de la pensión alimenticia, evitando así que más personas sean ingresadas a prisión— es cónsona con la actual política pública de la administración, que establece la utilización de confinados, mediante contratación con el DCR, para la realización de diversas tareas, como parte del proceso de rehabilitación y reinserción a la libre comunidad de esta población.
Además, es un ahorro para el Gobierno en cuanto al gasto que le representa un confinado, estimado por el senador en poco más de $40,000 al año.
Pacto entre Familia y Vivienda
De otra parte, los Departamentos de la Familia y Vivienda firmaron la pasada semana el primer acuerdo colaborativo interagencial del nuevo programa Oportunidad con Responsabilidad, cuyo objetivo es ofrecer una oportunidad de empleo a los padres alimentantes y así evitar el incumplimiento con la pensión alimenticia y la cárcel.
El acuerdo viabiliza que la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) pueda referir a un padre alimentante a un programa del Departamento de la Vivienda existente, que brinda a los residentes de complejos de vivienda pública una oportunidad de empleo dentro del mismo complejo residencial.
Al programa serán elegibles aquellas personas no custodias que, estando desempleadas, tienen atrasos por más de tres meses, por lo cual no cumplen su obligación de pagos de pensión alimenticia.
